Unos datos que la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, relacionó este miércoles con el “miedo social” que existe en la población y, sobre todo, entre las mujeres, con los posibles pinchazos o se le echa una sustancia a una víctima sin su consentimiento que altera su nivel de conciencia y anula su voluntad. No en vano, recordó que durante el pasado fin de semana ha habido una “docena y media” de actuaciones de mujeres que creían que podrían haber sido víctimas de la sumisión química aunque los análisis fueron negativos en cuanto a sustancias sedantes como ketamina y burundanga.
La delegada del Gobierno significó que a lo largo del año 2021 en España se han presentado 3.000 diligencias de agresiones sexuales ante el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de España. En casi un millar de ellos se solicitó un estudio de sumisión química, en los que el 72 por ciento dio positivo en alguna sustancia como alcohol, drogas de abuso o psicofármacos y el 92 por ciento de las víctimas fue una mujer. En ocho de cada diez casos, estaba presente el alcohol.
Con motivo de una reunión en la sede de la Delegación del Gobierno en Valladolid con los responsables de la Policía Nacional y Guardia Civil para revisar los protocolos de actuación en casos de sumisión química, Barcones apuntó que en Castilla y León, de momento, no hay ningún caso que haya dado resultado positivo pero aseguró que ha habido “muchas” actuaciones por que se ha generalizado ese sentimiento de inseguridad y miedo entre las mujeres.
“No solo tienen que estar seguras sino también sentirse protegidas por que preferimos acudir a 5.000 llamadas sobre este tipo de hechos aunque, al final, los resultados sean negativos a que exista una sola que sea verdad y que por miedo a llamar pueda quedar sin esclarecer y el autor esté impune”, sentenció. De ahí que, según recogió la Agencia Ical, animara a que cualquier persona que tenga la “más mínima” sospecha debe avisar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Virginia Barcones habló de la preocupación entre las mujeres y sus familias por lo ocurrido el pasado fin de semana en Simancas, donde dos jóvenes, una de ellas menor de edad, sufrieron una agresión sexual por parte de dos varones. “Existe un peligroso sentimiento de inseguridad y miedo social, sobre todo entre las mujeres, y hay dar seguridad objetiva así como subjetiva por que existe un derecho a ser libre y salir de casa segura”, sentenció.
Más controles y patrullas
Ante esta situación, la delegada del Gobierno anunció que se reforzarán los controles ya existentes y habrá un aumento de las patrullas y los agentes de paisano de la Guardia Civil y Policía Nacional. También lanzó un mensaje al conjunto de la sociedad en la colaboración ciudadana para que cualquier persona avise a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad ante cualquier conducta sospechosa o ponerlo en conocimiento de la seguridad privada en los recintos cerrados y eventos con este tipo de personal.
En este sentido, la Delegación del Gobierno reforzará la colaboración con la seguridad privada a través de la llamada Red Azul para la rápida detención de los agresores y los propios empresarios de hostelería y de ocio nocturno, con “orientaciones de actuación” en caso de agresiones sexuales con el objetivo de prevenirlas y saber qué hacer y cómo actuar ante ellas.
Además, Barcones propondrá, según Ical, la ampliación del protocolo de actuación conjunta entre la Consejería de Familia y la Delegación del Gobierno para la coordinación en violencia de género del año 2020, referente a las agresiones y abusos sexuales.
De cara a la celebración de fiestas en los pueblos y eventos de gran afluencia, la Delegación del Gobierno llevará a las juntas locales de seguridad de los municipios de la Comunidad como tema de interés la coordinación de actuaciones para la prevención y, en caso de agresiones sexuales, garantizar la asistencia a las víctimas.
Avisar y denunciar
En presencia del general jefe de la XII Zona de la Guardia Civil, Luis del Castillo, y el jefe superior en funciones de la Policía Nacional en Castilla y León, Jesús del Amo, además de la coordinadora de las unidades de Violencia sobre la Mujer de las subdelegaciones del Gobierno en la Comunidad, Rocío López, reiteró que cualquier persona que se sienta víctima de una agresión debe comunicarlo en los teléfonos 112, 091 o 062 y presentar la denuncia correspondiente, además de acudir a un centro médico para hacer las pruebas pertinentes. “Sin la denuncia es imposible conocer el patrón que siguen estos desalmados y saber la finalidad que persiguen. Queremos que ningún delito quede impune”, aseveró.
Los forenses de los institutos de Medicina Legal de la Comunidad cuentan con un kit homologado para la recogida de muestras y el Ministerio de Justicia ha adquirido dos máquinas de alta sensibilidad para analizar sustancias en sangre y orina. No en vano, Barcones manifestó que este tipo de sustancias tarda en desaparecer más de doce horas.