Reclaman la retirada del amianto tóxico de las ruinas de Bodegas Armando

El Grupo Municipal del Partido Popular de León se ha hecho eco de las denuncias de los vecinos ante la «desidia» y la «dejadez» municipal y reclama al equipo de gobierno que «deje de mirar para otro lado» y haga que se retire el amianto tóxico de las ruinas del edificio de Bodegas Armando, en el paseo de Salamanca.

«La presencia de ‘uralitas’ viejas en mal estado con presencia de amianto y altamente peligroso para el sistema respiratorio causa nerviosismo entre los vecinos al desprenderse las partículas al aire», señalan los ‘populares’ a través de un comunicado en el que inciden en que siguen esperando al informe solicitado en la Comisión de Desarrollo Urbano para conocer la peligrosidad de esta situación y en su caso adoptar las medidas urgentes necesarias.

«El RD 396/2006 permite el uso de la ‘uralita’ instalada solamente hasta el final de su vida útil que se estima de media entre 25 y 35 años, según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y otros estudios del sector de la construcción. Bodegas Armando incumple claramente las recomendaciones y aporte peligrosidad en la calidad del aire que respiran los vecinos de los edificios anexos», añade.

El PP señala que desde 2014 no se puede ni vender ni adquirir productos con amianto. El amianto es un material tóxico que se disgrega en pequeñas fibras que se desprenden en el aire. La exposición continua al amianto puede provocar problemas respiratorios por inhalación de las fibras de este mineral y puede derivar en enfermedades graves como asbestosis, cáncer de pulmón o mesolelioma. «Los vecinos exigen la retirada inmediata de estas placas en mal estado para evitar que se dispersen por el aire las fibras. Han vuelto además a reclamar medidas al Ayuntamiento, que permanece impasible con esta edificación ruinosa, porque el alcalde no lo tiene delante de sus ventanas», continúa el comunicado.

El Gobierno ultima la nueva Ley de residuos y suelos contaminados que entrará en vigor esta primavera. Una normativa que obligará a todos los ayuntamientos de España a elaborar un censo de instalaciones con amianto y un calendario para la retirada de este material cancerígeno antes de enero de 2023.