Ramos Gordón comenzará a cumplir su pena fuera de la Diócesis de Astorga este miércoles

El sacerdote condenado por abusos sexuales a, al menos, tres menores de edad durante los años 80 en los seminarios de La Bañeza y Puebla de Sanabria, José Manuel Ramos Gordón, comenzará a cumplir la pena de diez años de residencia en un monasterio fuera de la Diócesis de Astorga este miércoles, 2 de enero. Así lo confirma la Diócesis de Astorga a través de un comunicado enviado este martes en el que se confirma también que el sacerdote ha obtenido una respuesta negativa a su recurso de reposición ante el obispo que presentó tras conocer la condena impuesta por la Congregación para la Doctrina de la Fe el pasado mes de septiembre. Precisamente por ese recurso, Ramos Gordón continuó viviendo en la residencia sacerdotal de la Diócesis de Astorga, que confirma ahora que el sacerdote no presentará recurso de alzada ante el Vaticano, por lo que cumplirá la pena canónica consistente en la prohibición del ejercicio del ministerio sacerdotal público y la residencia durante diez años en un monasterio o convento fuera de la Diócesis. Por el momento, se desconoce cuál será el destino del sacerdote condenado por abusos. 

Por otra parte, la Diócesis de Astorga anuncia que ha tomado "medidas cautelares" sobre el sacerdote Ángel Sánchez Cao, que está siendo investigado por una denuncia de abusos sexuales sobre un menor en el seminario de La Bañeza en el año 1980 y sobre cuyo caso aún no se ha manifestado la Congregación para la Doctrina de la Fe. El Obispado de Astorga asegura que ha recibido recientemente noticias "fundadas" sobre otro presunto caso de abuso del sacerdote a un menor en la misma fecha y lugar "por lo que se ha ordenado una investigación preliminar para esclarecer los hechos". Después de examinar las nuevas circunstancias, la Diócesis asegura que "se le ha apartado de las parroquias y del ejercicio público del ministerio" además de prohibirle "mantener contacto con menores y la presunta víctima. Sin embargo, insisten en que se trata de "medidas provisionales" que "no prejuzgan la culpabilidad o inocencia del demandado". Actualmente, el sacerdote se encuentra destinado en la parroquia gallega de Veigamuiños, en el municipio de O Barco de Valdeorras.

Por último, desde la Diócesis defiende que se siguen adoptando medidas "para atender las denuncias" a presar de que los casos estén prescritos. "Estos lamentables hechos no deben empañar la honorabilidad y el buen hacer de los sacerdotes", remata.