Quintana: "Acortaremos los plazos de respuesta a las administraciones para agilizar los trámites"

Entrevista al Procurador del Común de Castilla y León

David Rubio / Víctor S. Vélez
26/12/2018
 Actualizado a 19/09/2019
El Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, durante la entrevista. | SAÚL ARÉN
El Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, durante la entrevista. | SAÚL ARÉN
Después de dos meses en el cargo de Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana ha recibido a La Nueva Crónica en la sede de la institución autonómica para hacer un balance de estas primeras semanas y analizar el papel que juega esta figura en la sociedad. El nuevo año llegará cargado de novedades al Procurador del Común que acortará los plazos de tiempo que tienen las administraciones públicas para contestar a los requerimientos que le hagan, estrenará sede electrónica y avanzará en transparencia al publicar el resultado de todas sus resoluciones en su página web.

–¿Cómo han sido estas primeras semanas al frente del Procurador del Común?
Desde el 24 de octubre que tomamos posesión, el balance es francamente positivo. Entramos en una institución en pleno funcionamiento y no puedo más que agradecer a quienes me han precedido en el cargo. No obstante, pondremos empeño en mejorar en lo que se pueda. En varias direcciones, como en llegar a todos los sitios de la comunidad. Para lo que hemos difundido carteles con nuestros servicios que lleguen a todos los municipios. Esperamos así, acercarnos más a los vecinos de la comunidad, vivan donde vivan, para ser útiles.

–¿Cómo afronta este cambio después de tantos años ligado a la Universidad?
Va a ser difícil. He estado trabajando en la Universidad 37 años, los últimos 25 como catedrático. Estoy satisfecho y, por tanto, la petición de ser Procurador del Común ha llegado en un momento de mi vida que quería iniciar una actividad de servicio público.

–¿Cree que la institución es lo suficientemente conocida por los ciudadanos?
Creo que sí. Mi impresión de estos dos meses es que buena parte de las quejas llegan de municipios pequeños. Pero también medianos y grandes. El esfuerzo para llegar a todos los lugares es importante, pero he podido comprobar que la institución es conocida.

–Sobre la interposición de quejas, ¿considera que se trata de un proceso ágil?
Es necesario agilizar la labor del Procurador del Común. Las quejas dan lugar a la apertura de un expediente que termina en una resolución, recomendación o advertencia. La tramitación del expediente se hace un poco dilatada en el tiempo puesto que, en muchos casos, hay que realizar diversos requerimientos a las administraciones para poder tomar la decisión correspondiente. Una de las actuaciones que he puesto en marcha y que se va a materializar a partir del día 2 de enero es reducir los plazos para que las administraciones nos contesten a las peticiones de información en unos plazos más reducidos. Así, nosotros podemos resolver con más agilidad esas reclamaciones y el ciudadano va a tener una respuesta antes. Eso va a obligar a las administraciones a ser más diligentes con nosotros.

–Por lo tanto, ¿se trata de una modificación desde el punto de vista formal?
Es formal, pero luego tiene una repercusión muy importante y muy sustantiva. Una agilidad que redundará en beneficio del ciudadano, que tendrá una resolución antes en el tiempo. La ley nos dice que este plazo es de un mes para responder a las peticiones de información pero, a juicio del Procurador, se puede modificar. La base de esa posibilidad de modificar esos plazos estaba concebida hasta este momento de una forma bastante laxa para la administración a través de distintos requerimientos. Nosotros esos tiempos los vamos a reducir, pero siempre con un plazo suficiente para contestar.

–¿Podrían llegar a ser vinculantes sus resoluciones como pide algún partido?
Es muy complicado que, a través de un cambio legislativo que necesariamente se tendría que producir, las resoluciones fueran vinculantes para las administraciones públicas. Es difícil, desde el punto de vista jurídico, que tal y como está organizado nuestro Estado una entidad supervisora pueda dictar órdenes o decisiones con carácter vinculante. Ni el Defensor del Pueblo, ni los organismos equivalentes en las comunidades autónomas, tienen ese carácter en sus decisiones. Pero sí que podemos hacernos más fuertes para intentar que nuestras decisiones se acaten por la administración. A partir del 2 de enero se van a hacer públicas en la página web del Procurador del Común, con el resultado de si son o no adoptadas por parte de las administraciones públicas. Esta publicidad es también un control que puede ejercer la ciudadanía y los medios de comunicación.

–¿Cuántas resoluciones y quejas ha atendido la institución a lo largo de este año? ¿Son más o menos que otros años?
Recientemente, hemos tenido una queja masiva en materia sanitaria que va a hacer aumentar desde el punto de vista cuantitativo el número de quejas en el 2018. Al margen de ese número importante de quejas sobre una cuestión determinada, se trata del número de quejas normal. Hemos podido advertir que el número de quejas ha crecido considerablemente en los últimos dos meses.

–¿Cómo se reforzará la salvaguarda de los derechos en el medio rural?
Nosotros podemos actuar de oficio o a instancia de cualquier ciudadano. Las actuaciones de oficio son pocas puesto que actuamos fundamentalmente según nos lo piden los ciudadanos. Entonces en el mundo rural, actuaremos en relación de las quejas que nos presenten. Tenemos que conocerlo a través de las quejas y una vez se hagan nuestra actuación será especialmente activa.

–¿Cuál es el colectivo de la comunidad más desamparado ante la ley?
Todo lo que hace referencia a las cuestiones sociales tiene más repercusión: personas mayores, con discapacidad, con escasez de recursos… También nos llegan muchos casos de todo lo relacionado con los menores y problemas relacionados con la prestación del servicio de Educación. Si hubiera que hacer un ranking, más allá de los funcionarios que también presentan bastantes quejas, serían estos problemas de tipo social los que más presencia tienen en nuestras oficinas.

–Algunas voces apuestan por ampliar el mandato para evitar las posibles injerencias políticas ¿Existen? ¿Qué opina de prolongar el cargo?
Sobre las injerencias políticas, tengo la convicción de que no voy a admitir ninguna. Desde luego no la ha habido en este tiempo y pienso que no la va a haber. Casi estoy seguro de que no la va a haber y si la hubiera no la voy a admitir en ningún caso. Ni conmigo, ni con ninguna de las personas que prestan servicio a la institución. Sobre prolongar el cargo, hay diferentes opciones en organismos similares al nuestro. No me parece ni bien ni mal. Cualquier modificación legislativa yo tengo que acatarla, como no podía ser de otra manera.

–Al ser una institución autonómica con sede en León, ¿cómo se realiza la coordinación con otras provincias?
Desde hace tiempo, tenemos una pequeña sede que nos prestan otras instituciones, principalmente las diputaciones provinciales, para poder recibir las quejas en cada una de las capitales de provincia y algunos grandes municipios. Algunos nos han pedido previamente cita y otras se presentan allí para ser atendidos. Nos presentamos una vez al mes, anunciándolo anteriormente por lo que lo tenemos cubierto. Pero, y esto es una novedad, aspiramos también a poner en marcha con el año nuevo una sede electrónica para que, a través de las nuevas herramientas tecnológicas, puedan llegar a nosotros. Será una forma de llegar a cualquier punto de la comunidad y ocurrirá en las primeras semanas del año. Recibimos cada año miles de quejas que son la antesala de multitud de procesos judiciales. Si se resuelven por parte del Procurador del Común tiene un doble beneficio: para los ciudadanos por conseguir sus objetivos gratuitamente, y para el conjunto de la sociedad, por los gastos mínimos del Procurador que evitan miles de procesos judiciales ante los tribunales.
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