Que una caña no borre una realidad

¡Otra caña, por favor!, ¡dos con leche!, son algunas de las frases que en estas dos últimas semanas se han repetido para especial alegría de los hosteleros de nuestra ciudad y, como no, de los ansiados clientes. Pero es curioso como una acción tan trivial como el poder tomar algo en una terraza, consigue nublar de un plumazo lo vivido en los últimos meses y pasa a vender un escenario de normalidad sumamente anormal…

A nadie ha sido ajeno ver estos días terrazas repletas de gente, con dudoso cumplimiento de las distancias de seguridad establecidas, usándolo como pretexto para deshacerse de lo que algunos denominan ‘bozal’, y resultando la excusa perfecta para alargar las horas de libertad de los más pequeños, que lejos de quedarse sentaditos en la mesa, han usado terrazas y plazas como verdaderos parques de recreo.

A una, que es muy de bares, y créanme que me alegra su apertura, no dejan de sorprender las kafkianas situaciones que hemos estado viviendo… Puedo tomar algo con diez personas en una mesa, pero no puedo celebrar un juicio con apenas cuatro o cinco personas en una sala de cuarenta metros cuadrados. Los niños pueden jugar con otros niños en las plazas y terrazas, casi como si de una clase entera se tratara, pero no pueden reanudar las clases. Podemos ir a los comercios, pelearnos por el último par de sandalias del 38, pero no podemos acudir en persona a las administraciones a hacer trámites necesarios y bastante imprescindibles.

Quizá es que yo no me haya enterado, o quizá es que haya vivido engañada durante mucho tiempo, pero siempre pensé que la educación, la justicia, o la burocracia administrativa, eran cuestiones bastante esenciales y elementales para el sostenimiento de un país y para el desarrollo de la sociedad. Y es que, aunque a lo mejor hemos sido algo menos beligerantes, somos muchos los profesionales que no comemos de las cañas y zapatos que se consumen, y muchos los padres que quieren que sus hijos se eduquen con todas las garantías… Pero si seguimos con las situaciones kafkianas que se nos están dando estos días, no podemos pasar por alto el vaivén en los números con los que cada día nos deleitan nuestros servidores públicos. Ahora hay muertos, ahora no, hoy si pero son de ayer, entonces no cuentan hoy. Ahora hay no sé cuántos nuevos positivos, pero de esos no cuentan muchos, porque lo sabemos hoy, pero son de ayer, o de antes de ayer… Haciendo ínclitos esfuerzos por comprender las cifras, y por tratar de conocer cuál puede ser la realidad del presente en la evolución de la pandemia, he consultado diversas fuentes, portales de transparencia de unas y otras administraciones y, sinceramente… o es que hubo otra cuarentena cuando yo era pequeña que me privó de la educación y por tanto no sé sumar y restar, o si mis sumas y restas no están mal, las cifras no son tan halagüeñas como nos venden… Pero señores, no pasa nada… que como ya podemos brindar, parece que podemos obviar si son unos cientos arriba o abajo los infectados diarios, o unos muertos más o menos…

Ya saben que ya hay varios procesos en marcha con el fin de hacer depurar las responsabilidades del Estado que puedan existir durante la gestión de esta crisis. En tal sentido cabe recordar que la Ley General de Salud Pública atribuye al Estado las competencias en materia «gestión de alertas que procedan de la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud y demás organismos internacionales y, especialmente, de aquellas alertas contempladas en el Reglamento Sanitario Internacional (2005), en su caso, en coordinación con las comunidades autónomas». Como quiera que la OMS diariamente y desde que tuvo conocimiento de la existencia de la Covid-19 fue informando a todos los países de la evolución de la enfermedad y de las recomendaciones para evitar la propagación de ésta, haciendo especial hincapié en el control de las fronteras, en la preparación de los servicios públicos de sanidad y la recomendación del mantenimiento de la distancia social para evitar los contagios, se están planteando las reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado.

Se busca por tanto, esa responsabilidad de la Administración del Estado al haber incurrido en la infracción de la Ley General de Sanidad y el Reglamento Sanitario Internacional (2005), calificándose su actuación como «anormal», al existir una conexión entre su inacción, el incumplimiento de sus obligaciones legales y el número de fallecidos, lo que redundará, de estimarse, en el pago de las indemnizaciones que pudieran corresponder por los daños padecidos, como son la muerte o la enfermedad.

No puedo predecir que va a ocurrir con esos procesos judiciales, y posiblemente, cuando aquellos lleguen a su fin total, la pandemia ya la veamos como un mal sueño pasado, pero lo que sí puedo afirmar y compartir con mi estimado Colegio de Abogados, en su comunicado del pasado 4 de junio, es que debe reanudarse ya la actividad real de la justicia (al igual que ha ocurrido en otros muchos ámbitos), para dar un «ejercicio efectivo a la actividad profesional, como servicio a la sociedad, y en orden a la efectividad de los derechos y libertades fundamentales y a la Justicia».