En el acuerdo, firmado por las portavoces parlamentarias de ambos grupos, Adriana Lastra e Irene Montero, se sientan las reglas del juego que quieren desarrollar para dar visos de continuidad en el tiempo, según fuentes consultadas por Servimedia, al futuro Gabinete de coalición que nombrará Pedro Sánchez la semana que viene.
El texto, de cinco páginas, arranca subrayando como primer compromiso que el “Gobierno progresista de coalición” se regirá por los “principios de lealtad, cooperación, corresponsabilidad y estabilidad”.
Acto seguido, se remarca que la “acción del Gobierno de coalición se desarrollará en todo momento en pleno respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”, de manera que no caben apuestas por referéndum -como defienden desde Podemos- porque no están amparados por la Carta Magna.
Además, se asegura que, en particular, se “cumplirá lo previsto en el artículo 98 de la Constitución y en la Ley 50/1997 de 27 de noviembre, del Gobierno”. Dicho precepto constitucional es el que se dice, entre otras cuestiones, que “el presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión”. Eso supone dejar claro que la acción del Ejecutivo la fija el presidente y aleja el desarrollo de ‘dos Gobiernos en uno’.
También prevé que "en caso de reestructuración del Gobierno durante la legislatura, se mantendrá el número de áreas gestionadas por el PSOE y Unidas Podemos y su peso relativo en el conjunto del Gobierno".
PSOE y Unidas Podemos establecen dos comisiones de seguimiento. Una de 'seguimiento del acuerdo', o Mesa Permanente, para revisar el funcionamiento del mismo, que estará compuesto por dos representantes de Presidencia, otros dos de Vicepresidencia Primera, dos más de Vicepresidencia Segunda, uno de la Secretaría de Estado de Comunicación, otro de Comunicación de la Vicepresidencia Primera y uno de cada uno de los dos grupos parlamentarios. Esto sumaría seis delegados del PSOE y cuatro de Unidas Podemos.
Esta mesa, cuya periodicidad será "la que acuerden sus miembros", deberá "poner en común la agenda política y de gobierno", coordinar la "respuesta a los eventos políticos que se produzcan", programar conjuntamente las acciones de comunicación y "solventar las discrepancias que puedan surgir" entre ambos socios.
Seguimiento parlamentario
La otra comisión es la llamada 'de seguimiento parlamentario', que será paritaria con cinco miembros de PSOE y cinco de Unidas Podemos, y que obliga a ambos grupos parlamentarios, no sólo a votar a favor de los proyectos de ley del Gobierno, sino también a acordar conjuntamente las proposiciones de ley o mociones que presente cada uno de ellos, a consensuar la posición de voto ante las iniciativas del resto de grupos que tengan que ver con la acción del Gobierno, y a que en el resto de iniciativas importantes PSOE y Unidas Podemos no tengan posiciones contradictorias.
Por otra parte, ambas formaciones "se comprometen a mantener una estrategia de comunicación coordinada y compartida respecto de las iniciativas y acciones que desarrollen en los ámbitos de gestión que asuman en el Gobierno progresista de coalición", canalizándola en la Secretaría de Estado de Comunicación. Entre otras cosas, el protocolo estipula que “los ministros respetarán sus ámbitos competenciales propio y evitarán opinar o dar publicidad a proyectos de otros ministerios antes de ser refrendado por el Consejo de Ministros”.