Privatizar la seguridad del Ayuntamiento de Ponferrada, un "mal menor"

El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Ponferrada, Carlos Fernández, avanzó esta semana la privatización del servicio de seguridad del Consistorio de la capital berciana, un procedimiento que ya se ha iniciado y que se ha ganado las críticas de la oposición.

De hecho, para el grupo municipal socialista esta opción no es posible jurídicamente, una viabilidad que la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, defiende. «Estamos a la espera de lo que digan los servicios jurídicos que son los que tienen la competencia», asegura la regidora, que eso sí, reconoce que esta privatización no es la fórmula que se hubiera elegido en una situación de normalidad en el Ayuntamiento, pero es un «mal menor» necesario para paliar la escasez de personal en el servicio de la Policía Municipal.

«A mí tampoco me gusta, no es la opción que yo hubiera querido en un primer momento», confiesa la regidora, que culpa de esta falta de policías a la oposición por su falta de apoyo para sacar adelante unas cuentas o los acuerdos con los trabajadores municipales. «No tenemos policías porque se van a jubilar y primero se rechazaron los presupuestos y después el acuerdo con la plantilla de personal en el que contemplábamos crear 15 plazas de policía», lamenta Merayo.

Ante esta situación, la alcaldesa defiende que la medida es necesaria. «No estamos hablando de un edificio corriente. Hay documentación muy importante que no se puede quedar sin vigilancia y además se trata de un Bien de Interés Cultural», apostilla la primera edil, que reitera que «prefería que la vigilancia la hiciesen policías, pero eso supondría apartarlos de otros servicios».

Ante esta situación, la alcaldesa considera «paradójico» que esta misma semana se cerrasen las cuentas del ejercicio de 2018 en el Ayuntamiento de Ponferrada con un superávit de hasta 14,5 millones de euros.

«Es triste tener 14,5 millones de euros en las cuentas y que la oposición no te deje gastarlo», critica. «Ese dinero se tenía que haber gastado entre otras cosas en contratar policías, en acuerdos de personal y en muchas otras cosas», explica Merayo, que cree que se debe abrir un período de «reflexión». «La oposición también tiene que tener responsabilidad en la marcha de un Ayuntamiento, todos somos Ponferrada», sentencia.