El proyecto tiene la colaboración del Gobierno central y de la Junta de Castilla y León y contaba con varias alegaciones a resolver de parte de dos particulares, Jorge Neira y Olegario Ramón. Desestimando las del primero e incluyendo «parcialmente» las presentadas por Ramón, el Plan saldrá adelante. Ahora se pondrá en marcha una oficina en el centro cultural del Río Selmo donde los particulares podrán informarse de las posibilidades que les ofrece. Desde Unidad Social de Electores, su portavoz, Samuel Folgueral consideró que sería importante establecer un censo de personas que han accedido a subvenciones públicas, puesto que no son compatibles con las del ARU «y es importante que nadie se quede fuera por ello».
Todos coincidieron en la idoneidad de realizar este proyecto, en una zona especialmente degradada, que liberará la avenida de Compostilla y solucionará la conexión hacia el centro por la avenida Gómez Núñez. El portavoz de Ponferrada en Común, Miguel Ángel Fernández advirtió que “hay barrios que se están convirtiendo en guetos y que este debe ser un ejemplo, como Temple o Flores del Sil”, para también intervenir en ellos. “Estaremos vigilantes para que no se cometan errores”, apuntó con la recomendación de seguir avanzando, una propuesta que subrayaron el resto de portavoces y que la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo recogió. Folgueral destacó la necesidad de descongestionar zonas masificadas ya desde los años 60, aunque puntualizó que sería interesante incluir otras calles como la avenida Valdés o Mateo Garza, por lo que espera que se estudie estirar la obra.
Coalición por el Bierzo considera que la ejecución de la obra «es perfecta» y ha estado bien diseñada. Defendió incluso que se hubiera dado a conocer el proyecto a empresarios y asociaciones antes de aprobarlo, algo que otros portavoces criticaron y que el portavoz de CB, Pedro Muñoz, considera que responde a la participación ciudadana que muchas veces se les pide. Desde Ciudadanos, su portavoz Rosa Luna considera que además de la atención urbana hay que también tener una «perspectiva integral» con otros factores como la cultura o el empleo. Pero, sobre todo, manifestó su preocupación por la compatibilidad de ayudas de particulares y sobre quién llevará la oficina de información, en la que estarán tres personas y supondrá un coste de 425.000 euros durante tres años.
El portavoz del PSOE, Olegario Ramón considera que «este es el camino a seguir», pero sí lamentó que no se recogieran sus alegaciones sobre la falta de plazas de aparcamiento «porque se nos dice que pasan a otras zonas adyacentes», con lo que podría haber zonas de desarrollo urbano y otras que le den servicios a ellas. Sobre las áreas de tanteo y retracto que pedía «no se estima nuestra alegación, porque éramos partidarios de esas áreas, solo pedíamos que se informara que eran sostenibles económicamente» y se han eliminado.
Ramón apuntó un detalle en el plan «que no nos ha gustado» y es la relación que parece hacerse entre la inmigración y la criminalidad «se habla de que en esta zona hay un elevado número de inmigrantes y elevado número de delincuencia.
No sé si están territorializados los niveles de delincuencia en la ciudad, pero es una información que no nos gusta», reprochó. Desde el PP se congratularon de la aprobación de un proyecto que mejorará una zona con 1.450 viviendas , de las que 300 entrarán en el proyecto «estamos haciendo una buena labor para los vecinos. Ahora se echa a andar el proyecto que comenzó en 2016», recordó la regidora, que espera que beneficie “a la gente más necesitada».
Con los auxiliares
Tres mociones recogieron el apoyo a que Endesa incluya en el Plan Social que ha publicitado a los trabajadores de las empresas auxiliares que siguen protestando a las puertas de la central de Cubillos para solicitarlo. Además, Coalición por el Bierzo presentó un segundo escrito en el que solicitaba que se examinara la explotación ambiental de la eléctrica, que necesita agua para su producción y USE pidió que el carbón se considerara fuente energética estratégica.
Polémica dimisión
La dimisión voluntaria de la concejala María Antonia Gancedo como vicepresidenta patrona en la Fundación del Deporte creó dudas en el plenario que solicitaron información a la secretaria. La dimisión podría obligar a resolver la Fundación, puesto que su identidad «privada privada» según el Consejo de Cuentas necesita un mínimo de tres patronos en su interior y se quedaría en dos, por debajo de lo que la ley permitiría. La regidora preguntó si se puede mantener una fundación como privada cuando realmente «el capital es público y no hay patronos privados en ella», pero la secretaria considera que esa ha sido su identidad. Para mantener la Fundación sería necesario nombrar a un nuevo candidato al puesto de vicepresidenta que ostentaba Gancedo o solventar el problema con un puesto provisional y el cambio temporal de los estatutos. La regidora decidió comprometerse a llevar al próximo pleno, que anunció que será extraordinario, en el mes de marzo, la posible candidatura para ocupar el puesto de Gancedo dentro de una Fundación que aún está judicializada por el caso de las cuentas del Mundial de Ciclismo 2014.