Presupuesto y autonomía

Como hemos comentado anteriormente, los motivos para la autonomía de la Región Leonesa se agrupan en 3 campos: la necesidad de reconocimiento de las singularidades identitarias leonesas, ocultas tras una evidente voluntad etnocida; subsanar la ausencia de interlocutores políticos que velen por los intereses de León y que decidan leyes y presupuestos en función de las prioridades leonesas; y por último corregir la desinversión de fondos públicos y atraer inversión privada que ahora es desvíada por la Junta de Castilla y León.

Quiero centrarme hoy en el capítulo presupuestario. Recapitulando, los presupuestos públicos en España suponen una cuantía aproximada equivalente al 40% del PIB anual. Esto supone una cantidad enorme de recursos que, si se desvían, hacen inevitable el declive económico de la región afectada. Las comunidades autónomas gestionan un tercio de ese presupuesto, el más móvil, ya que la Seguridad Social y el gobierno central tienen grandes partidas, pero comprometidas e inmovilizadas, como las pensiones. Por su parte los ayuntamientos y diputaciones solo disponen del 10%. En consecuencia, el control del presupuesto autonómico es clave.

La autonomía castellana y leonesa tiene un presupuesto no financiero –prorrogado desde 2018– de 9.577 millones de euros. Si asignásemos por número de habitantes la parte correspondiente a una autonomía de la Región Leonesa, dispondría de unos 3.900 millones de euros. Solo a la provincia de León le corresponderían 1.800 millones al año. No hace falta ser muy observador para darse cuenta de que la autonomía no destina esa cantidad ni de lejos.

En las cortes autonómicas se ha pedido varias veces la información sobre el destino de todo el presupuesto por provincias, pero los sucesivos gobiernos se han negado a dar esos datos. Al grupo parlamentario socialista le da igual también, lo que convierte este problema en estructural. No es ya que se hagan normas o se dirijan ayudas con criterios que perjudican a León, es que ni siquiera el dinero llega. Sin la inversión pública atada a las provincias el declive económico es inevitable porque los intereses leoneses son unos, los castellanos otros y son éstos los que mandan.

La mesa por León que se quiere reunir es entretenimiento para un rato y León necesita una solución permanente a sus problemas. No se trata de apañar unas ayudas para tranquilizar el ambiente, sino de garantizar la llegada de los 3900 millones de euros a las 3 provincias y eso solo tiene una solución: la autonomía. De lo contrario volverán las inversiones del carbón a Valladolid por la vía directa o por la falta de adicionalidad.