Delitos medioambientales, vulneración de los derechos de los trabajadores, menoscabo de los valores de unacomunidad, etcétera, son errores en los que pueden incurrir las empresas más grandes que, cada vez, se configuran como agentes fundamentales de la sociedad, incluida la leonesa, que también cuenta con ejemplos de las infracciones anteriores. En base a ello, presentar las cuentas a las autoridades económicas no será ya suficiente para las empresas más grandes, merced a una directiva de la Unión Europea, cuya transposición ha demorado España hasta finales del pasado año.
Así, además de contar con una contabilidad saneada ya se exige que las grandes compañías cumplan con cuestiones de carácter social o medioambiental. La Unión Europea ha auspiciado estas cuestiones, como se explica en el BOE que publica la transposición de la norma, «en la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos, tiene como objetivo identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en general y para ello incrementa la divulgación de la información no financiera».
La norma explica que «la creciente relevancia de la información no financiera en los procesos de toma de decisiones de las empresas, de los inversores y de otros grupos de interés relacionados, ponía en evidencia la necesidad de su incorporación a los canales oficiales de reporte corporativo». De este modo, las grandes empresas tendrán que informar en el documento de Estado de Información No Financiera (ENF) sobre cuestiones como «las medidas adoptadas para garantizar la igualdad de género, la aplicación de convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las condiciones de trabajo, el diálogo social, el respeto del derecho de los trabajadores a ser informados y consultados, el respeto de los derechos sindicales, la salud y seguridad en el lugar de trabajo y el diálogo con las comunidades locales o las medidas adoptadas para garantizar la protección y el desarrollo de esas comunidades».
Los requisitos
Las empresas afectadas por la normativa son las sociedades consideraras como entidades de interés público, que son aquellas en las que el número medio de trabajadores empleados por las sociedades del grupo durante el ejercicio sea superior a 500 y las que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, cuente con partidas del activo consolidado superiores a 20 millones de euros, que el importe neto de la cifra anual de negocios consolidada supere los 40 millones de euros o que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a doscientos cincuenta. En la provincia, las empresas que cumplen con los requisitos anteriores son alrededor de 20, una cifra que pude variar en función del momento que viva cada compañía.
El debate
Por otra parte, para facilitar la elaboración de los informes, la Comisión Europea ha difundido directrices que han sido adaptadas a España por los organismos competentes. Con esta directiva, según apuntan los expertos, se pretende, en parte, acabar con los debates de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y avanzar en auditorías de mayor calado en las empresas.
