Por la independencia

No hay mejor termómetro para medir la calidad de un Estado de Derecho que la situación de sus jueces, y la de los nuestros alcanza niveles alarmantes, sin que la opinión pública parezca tomar conciencia de hasta qué punto nuestros derechos y libertades dependen de su independencia.

Los partidos políticos, origen y medio de la degradación del sistema constitucional, han conseguido sitiar al poder judicial a través de un largo proceso que inició el PSOE en 1985, cuando diseñó un sistema que dejaba en manos de su mayoría absoluta la elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial. El PP, en una de las más clamorosas traiciones a su electorado, consolidó y perfeccionó el mecanismo. Hoy día, la alta cúpula judicial es seleccionada íntegramente por el poder político de forma directa o indirecta, y para colmo la situación ha intentado reproducirse, con no poco éxito, en las comunidades autónomas.

A esta insólita situación, denunciada incluso por el Consejo de Europa a través del Grupo de Estados contra la Corrupción, se unen otros dos factores que inciden directamente sobre la independencia de los jueces: la falta de medios y la sobresaturación de Juzgados y Tribunales, por un lado, y una modestísima escala retributiva, por otro. Mientras en la sanidad y en la educación se han hecho visibles las reivindicaciones salariales y las protestas por los recortes y la escasez de medios, los miembros de la Administración de justicia parecen limitarse a cumplir dócilmente con su deber en condiciones precarias, lo que contribuye a que los ciudadanos no percibamos su situación como un problema. Por alguna extraña razón, todos, enfermos o sanos, con hijos en edad escolar o sin ellos, nos consideramos usuarios de la sanidad y de la educación públicas, pero no de la justicia.

En el extremo en que nos encontramos, Juana Rivas, presunta autora de un delito de sustracción de menores, puede permitirse hacerse fuerte frente a magistrados que se limitan a hacer cumplir la Ley, porque encuentra políticos dispuestos a entrar en el juego del acoso a los jueces. En Cataluña, este acoso parece haberse instalado de manera permanente a las puertas de los Tribunales sin que ni el CGPJ ni el Gobierno con su 155 manifiesten la menor intención de detenerlo.

Si ha llegado el momento de poner fin a la descomposición de nuestro Estado de Derecho, la tarea debe empezar por recuperar la independencia del poder judicial. No se puede hablar de imperio de la Ley olvidando a los órganos encargados de aplicarla.