Ponferrada crea su Oficina de Transparencia para informar sobre contratos públicos, convenios, gastos y cuentas

El Ayuntamiento de Ponferrada pone en funcionamiento la Oficina Municipal de Transparencia, un servicio que tiene como finalidad fundamental aplicar y desarrollar la Ley  de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como la ley de participación ciudadana de Castilla y León.

Hasta el momento, estas leyes en vigencia tenía dificultades de aplicación en el Ayuntamiento de Ponferrada, según reconoce el Consistorio ya que no había medios ni personal asignado al cumplimiento de los requerimientos de estas disposiciones normativas.  Por eso, a partir de ahora, el Ayuntamiento de Ponferrada ha provisto una dotación de personal asignado específicamente a dicha actividad, que consiste enun funcionario del personal administrativo municipal y dos informáticos.

La oficina estará dirigida por la concejala del área de Relaciones Institucionales y Transparencia, Mabel Fernández, quien explica que "la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos”.

La Oficina Municipal de Transparencia proporcionará a los ciudadanos y a las instituciones, siempre respetando la Ley de Protección de Datos, todo tipo de información de relevancia jurídica, así como información económica, presupuestaria y estadística. Publicará información relativa a contratos, convenios suscritos; subvenciones y ayudas públicas concedidas,  presupuestos,  las cuentas anuales que deban rendirse y los informes de auditoría de cuentas y de fiscalización, las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de estas normas, las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos o las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales y la información estadística necesaria para valorar el grado de cumplimiento y calidad de los servicios públicos que sean de su competencia.