Política seguidista

Un país medianamente evolucionado tiene que disponer de medios, instituciones y organizaciones debidamente regladas y adelantarse a las situaciones que la dinámica social plantea.

Los últimos tiempos están sembrados de sucesos que, a veces, ponen los pelos de punta porque la estructura jurídica que nos hemos dado no ofrece garantías al ciudadano que sostiene con sus impuestos todo el aparato estatal.

Somos tan puristas y protectores que España se ha convertido en el refugio de todos aquellos que buscan la protección garantista exagerada que no les ofrecen sus gobiernos y naciones.

Asistimos a varios hechos vergonzantes, algunos de los cuales vamos a mencionar a continuación.

Contemplamos, por ejemplo, cómo unos propietarios que tienen sus documentaciones en regla se ven desprovistos de sus casas porque unos señores profesionales del «asalto a las viviendas», okupas, se enseñorean de la propiedad privada y los poderes públicos muy lentamente, después de siglos de espera, reintegran al propietario su propiedad casi rogándolo y de rodillas, recibiendo la propiedad destrozada y sus pertenencias masacradas. Por supuesto, los vándalos no incurren en ningún delito y son protegidos por las innumerables organizaciones que amparan estas tropelías.

La sociedad se lamenta, y los medios de comunicación lo reflejan insistentemente, de la ingesta de alcohol y sustancias los fines de semana en recintos abiertos y explanadas donde se reúnen los jóvenes hasta altas horas de la madrugada, interrumpiendo el descanso de aquellos que trabajan y de las personas mayores, enfermos y niños. Las normas legales no se cumplen y las soluciones se toman con lentitud o no llegan a plasmarse de forma inmediata con el consiguiente perjuicio para los adolescentes, jóvenes y la incidencia en las familias que tampoco adoptan o no pueden realizar medidas apropiadas para solucionar el conflicto. La edad en la que se comienza esta ingesta agresiva de productos disminuye cada más causando auténtica alarma en la ciudadanía.

Los casos de maltrato físico sobre mujeres y niños aumentan de forma considerable, sobre todo el abuso y agresión sexual en muchos casos con resultado de muerte y desaparición de las personas. Las tribulaciones de las familias que padecen estos casos sin aparecer el cadáver de la persona desaparecida es algo que no merecen en ningún caso.

Los asaltos a domicilios y casas con nocturnidad, alevosía y violencia tienen una frecuencia que alarma a la población, sobre todo comprobando la pasividad que se observa en las instituciones para resolver con urgencia los casos que se presentan.

Lo que sucede con algunos barrios en los que la droga y los que la negocian tienen una presencia que asombra a las buenas gentes llega a cotas insostenibles.

Se pueden mencionar más hechos pero no queremos terminar sin referenciar el trato recibido por viudas y pensionistas en general en sus pensiones y en el trato de asistencia, que son postergados en función de una mala administración o de una falta de acuerdo para resolver un problema que merece claridad y tranquilidad para un sector que se lo ha ganado con el sudor y esfuerzo de su trabajo.

Nuestra sociedad española está regida por políticos que adoptan medidas urgentes cuando el hecho es consumado y grave, la ciudadanía se echa a la calle irritada y exigiendo cambios drásticos; lo que ellos llaman alarma social.

Hemos asistido a la actitud de algunos partidos de izquierda cómo se han negado a recibir a los padres y madres de personas asesinadas y desaparecidas para que la prisión permanente revisable no sea derogada y cómo ahora se ponen al frente del clamor popular que se ha encendido a raíz de la sentencia sobre el hecho lamentable ocurrido en los sanfermines. También los que gobiernan han adoptado la postura camaleónica a la que nos tienen acostumbrados hasta que la crisis les estalla en los morros y los beneficios de las componendas se los llevan otros.

Deducimos que la política que practican los políticos no tiene control de calidad y que la confianza otorgada no se la merecen. Además de cambiar el sistema electoral para evitar el mercadeo de votos y presupuestario en beneficio de unos pocos, habría que adoptar la postura de darles el finiquito en cualquier momento, si traicionan las promesas electorales, mienten y traicionan los principales valores morales y éticos.

Los Códigos de Justicia hay que modernizarlos, adaptarlos a los tiempos e ir por delante de las mafias y pícaros que pululan en nuestra sociedad dejando inerme a los ciudadanos que cumplen las Leyes. Los jueces sólo aplican lo que los políticos aprueban en comisiones demasiado garantistas.

No es de recibo que los «emigrantes del delito» apunten con sus proas hacia una nación que siempre ha sido lugar de acogida y mezcla de culturas, para realizar sus fechorías porque los medios de vigilancia, aunque eficaces y muchos, no dan abasto para atajar tanta tropelía y desapariciones, y en cambio los códigos son en exceso garantistas para los que infringen las normas establecidas.

Pero lo que no tiene perdón es que no se abra un debate nacional sobre las causas profundas que originan estos desatinos de la conducta de ciertos ciudadanos y que residen en una educación adecuada en el seno la familia y en las instituciones educativas. Recordemos que nuestros políticos no se ponen de acuerdo para establecer un pacto educativo estable que restablezca la calidad y la convivencia ciudadana.