La movilización de este martes era «inevitable e incluso responsable» para exigir calidad en este servicio público poniendo al ciudadano como referencia. Porque como recordaban ayer los jueces decanos de León y Ponferrada y los representantes de las asociaciones de jueces y fiscales, la Justicia es algo que afecta a todos y de muchas maneras, «desde la inscripción de un nacimiento, a un divorcio, la reclamación de una deuda o las cláusulas suelo». Y sin embargo, entienden que el poder judicial es el único por el que no se han preocupado ninguno de los otros dos –ni el ejecutivo ni el legislativo– dándole, por el contrario, un tratamiento desigual y muy precario y sin «ninguna voluntad política de mejorar».
A la jornada de huelga celebrada este martes se llegaba tras varias semanas de paros parciales que no han servido para abrir ningún tipo de diálogo con el Ministerio, según aseguraban, y sin que hayan recibido respuesta alguna a las propuestas para la mejora de la Justicia dirigidas a las Cortes Generales, al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según las cifras ofrecidas por los convocantes, el seguimiento de la huelga en la provincia de León rondó el 82% (94% entre los fiscales de León, 71% en Ponferrada, el 100% en la Audiencia Provincial, el 71% de los jueces de la capital y el 75% entre los jueces bercianos). Por ello se atrevían a afirmar que se trató de una «jornada histórica» por el «enorme éxito de movilización».
La huelga de jueces y fiscales se traducía en la suspensión de vistas, juicios, deliberaciones y demás actuaciones judiciales quedando tan sólo unos servicios mínimos –que, por cierto, aseguraron nadie ha querido fijar, ni Ministerio ni CGPJ, haciéndolo ellos mismos para garantizar la atención imprescindible– para los asuntos que no pueden esperar, como casos de violencia de género o detenidos.
Lamentaban el perjuicio al ciudadano, pero están seguros de que su protesta es comprensible pues al final repercute en toda la sociedad con reclamaciones como, entre otras, la independencia judicial, la autonomía presupuestaria del Ministerio Fiscal o la dotación de medios que permitan que de verdad se digitalice la Justicia y sirva de mejora y no de lastre.
Denuncian que ningún partido político ha mostrado verdadero interés por mejorar el poder judicial en este país, y que, en cambio, todos, pretenden tener el control y siguen sin abordar asuntos reclamados incluso desde Europa, como es permitir a los jueces que elijan a sus propios representantes, algo que, a día de hoy, hacen los grupos políticos.
Lo que piden
Las peticiones, dirigidas a las Cortes Generales, al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial, solicitan una actuación «urgente» y giran en torno al reforzamiento de la independencia judicial, la mejora de las condiciones profesionales, la modernización de la administración y otras medidas referidas al Ministerio Fiscal.Así, en cuanto a reforzar la independencia judicial, piden, entre otras cosas, que se presente de un proyecto que recupere el régimen competencial de organización, funcionamiento y dedicación y garantice la elección de los vocales judiciales por los jueces y magistrados asegurando la igualdad de género y la representatividad, así como la objetivación del sistema de nombramiento de altos cargos judiciales, «supresión de los magistrados designados por los parlamentos autonómicos».
Para modernizar la administración de Justicia demandan un plan de inversión suficiente y prolongado destinado a incrementar las plantas judicial y fiscal equiparándolo a la media europea convocando al menos 300 plazas en cada uno de los próximos cuatro años; a la modernización de edificios; a la equiparación y medios necesarios para el proceso de digitalización, o a la compatibilización de los sistemas de gestión procesal existentes en todo el territorio nacional y dotación de medios personales y materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción con dependencia directa de la autoridad judicial y fiscal, entre otras medidas expuestas.
En lo que se refiere a la mejora de las condiciones profesionales, piden que se convoque de manera «inmediata y formal» la mesa de retribuciones con el objetivo de recuperar el nivel salarial perdido en 2010, así como recuperar el régimen de vacaciones y permisos vigente hasta la LO 8/2012 o la implantación urgente de cargas máximas de trabajo.
El Ministerio Fiscal solicita además que se deroguen los plazos máximos de instrucción mientras no se les dote de los medios necesarios al efecto, que la formación de los fiscales sea asumida por la Fiscalía General del Estado, que se refuerce la independencia del Ministerio Público y que tengan autonomía presupuestaria.