Piden penas de hasta seis años de cárcel a cuatro acusados por tráfico de drogas

El caso se instruyó en Ponferrada y se juzga este jueves en la Audiencia. El fiscal también reclama que los procesados asuman una multa de 310.892 euros

R. Álvarez
03/11/2022
 Actualizado a 03/11/2022
Cuatro personas se sentarán este jueves en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de León por un delito de tráfico de drogas. Los hechos, por los que el fiscal pide penas de hasta seis años de cárcel y multas de 310.892 euros, se instruyeron en Ponferrada y serán juzgados a las 9:30 horas de la mañana.

En su escrito de acusación la Fiscalía expone que uno de los procesados se dedicaba, al menos desde junio de 2021, al tráfico de sustancias estupefacientes. En concreto de cocaína. Para ello contaba con la colaboración de un segundo acusado que era el que llevaba a cabo la venta a pequeños consumidores o a vendedores de pequeña envergadura en los casos en los que él no tenía «disponibilidad» para poder hacerlo. El tercer acusado es el que les permitía –explica el fiscal– contar con un «suministro continuado y estable de cocaína» que transportaba en un vehículo a motor hasta un punto de encuentro. Por su parte, el papel del cuarto de los acusados era «esencial» –dice– para la elección de este lugar por ser un «perfecto conocedor de los posibles puntos seguros y discretos de encuentro para acometer el intercambio de material entre las partes». Así se explica en el escrito de acusación de la Fiscalía, en el que indica también que lo «normal» era que los «encuentros para la compraventa de sustancias estupefacientes se realizaran con una periodicidad mensual».

En este documento se subraya, además, que «el grado de confianza y fluidez entre las partes era tan alto» que la cocaína vendida por uno de los acusados se entregaba «sin pagar» y el pago se efectuaba por otro. Se detalla también una «actividad criminal» concreta con fecha de 14 de diciembre de 2021 en la que se describe un encuentro que arrancó en el interior de un restaurante ubicado en un área de servicio y su marcha en coche hasta que «los dos acusados orillan sus vehículos y trasladan dos bultos de sustancia estupefaciente» desde un coche. Este hecho fue «observado por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía en servicio discrecional», que se percataron también de que, una vez entregada la sustancia, los dos vehículos reanudaron la marcha y salieron de la autovía hasta un apartadero a la altura de la sede de una empresa, donde se encontraban estacionados dos de los acusados para realizar el pago de la droga vendida anteriormente.

Se hizo entrega entonces de un sobre con 8.000 euros en efectivo a través de la ventanilla de un coche, momento en el que intervinieron los agentes, que descubrieron la existencia de otros 7.450 euros en un envoltorio de plástico listos para ser despachados. También se realizó otra detención, al tiempo que localizaron dos paquetes de cocaína con un peso conjunto de 923,51 gramos, de una pureza del 76,46 por ciento y un valor en el mercado ilícito de 103.630,89 euros. Se explica también que como consecuencia de las entradas y registros posteriores a la detención de los acusados, así como de una entrega vigilada, también fueron intervenidos un paquete con 910,84 gramos de sustancia y otro de un kilo de ácido bórico.

Se señala otro registro en el que hallaron 2.000 euros en billetes, una máquina de envasar al vacío con un paquete de bolsas de envasado medianas, una caja de madera con papeles con anotaciones de nombres, cantidades y otros y diversas bolsas de plástico con recortes. El fiscal considera también, y así lo explica, que fruto de los ingresos obtenidos ilícitamente por la venta de la droga uno de los acusados compró un vehículo que fue puesto a disposición para su ejecución anticipada, al igual que la totalidad del dinero en efectivo incautado en las actuaciones (18.825 euros en total).

Para la Fiscalía los hechos descritos son constitutivos de delitos contra la salud pública por los que pide para tres de los acusados seis años de cárcel (cinco años y tres meses para el cuarto) y multa de 310.892,67 euros «por el valor de las sustancias estupefacientes incautadas», indicando que en el caso de los acusados no satisfagan dicha pena de multa y no fueran condenados a más de cinco años de prisión esta se cumpla en forma de responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 854 euros no satisfechos. Añade, también, que deberán hacerse cargo de las costas derivadas del procedimiento.
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