Piden multas de hasta 100.000 euros para inmuebles de fondos buitre en Ponferrada

En el Bierzo la PAH identifica unas 500 viviendas de este tipo que, mediante la amenaza de sanción, podrían pasar a cederse para engordar un bando de viviendas sociales

M.I.
18/05/2022
 Actualizado a 18/05/2022
Reunión de la PAH Bierzo en los bajos del Toralín. | MAR IGLESIAS
Reunión de la PAH Bierzo en los bajos del Toralín. | MAR IGLESIAS
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca en el Bierzo ha presentado una moción para debatir en el próximo pleno del Ayuntamiento de Ponferrada, solicitando que se sancione a los inmuebles con los que se hayan hecho fondos buitre o grandes empresas y que se encuentren cerrados, con el fin de poder utilizarlos para engordar un bando de viviendas sociales. La PAH ha pasado el mismo documento a todos los grupos políticos que forman parte de la corporación ponferradina para buscar su apoyo.

Según apunta la presidenta del colectivo, Mariló Cobo, son más de 150 inmuebles en esta situación los que han contabilizado en Ponferrada, y en todo el Bierzo podrían superar los 500. Por eso se plantean seguir presentando este mismo escrito en otros consistorios con la misma finalidad.

Cobo asegura que se deben perseguir esas viviendas vacías que no pagan impuestos, ya que incluso asegura que muchos no han abanado el IBI desde que se han hecho con ellos mediante ejecución bancaria. Por eso, la Plataforma considera que el Ayuntamiento tiene respaldo legal para poder sancionarles y, apunta en la moción, que se podrían imponer "hasta tres multas coercitivas que pueden llegar hasta los 100.000 euros, tal y como determina la ley 18/2007, previa advertencia, si pasado el término fijado, no se ha producido la ocupación del inmueble. En caso de que la vivienda se mantenga desocupada, apuntan que debería establecerse una sanción "por infracción grave".

Es la manera que consideran adecuada para hacer que los bancos, fondos buitre y grandes empresas, puedan ceder sus viviendas para usos sociales, al igual que piden al Ayuntamiento que, en el caso de particulares con viviendas vacías, les incentive, mediante reducción de impuestos, por ejemplo, para también cederlas.

Y es que, aseguran que la necesidad de este tipo de soluciones habitaciones es "cada vez mayor" entre el colectivo berciano. Los alquileres rondan unos 400 euros y la pandemia no permite esos pagos, que con viviendas sociales podrían quedarse en unos 150 euros mensuales más IVA.

Lamenta Cobo que los fondos buitre se hayan hecho con viviendas de unos 100.000 euros por unos 1.700 euros en algunos casos "y Hacienda no les persigue ni pagan impuestos por ellos", asegura.

Son viviendas destinadas al deterioro que podrían ser muy válidas para dar soporte a personas con necesidades. Muchas no pueden pagar la hipoteca y han llegado a la dación en pago, explica.

En lo que va de año un centenar están en esa situación, pero augura que la situación empeore "porque lo primero que se tiene que quitar la gente cuando no tiene dinero es la hipoteca". Considera además que esta solución podría ser más barata para el Consistorio que la de establecer ayudas de emergencia.

Además, la PAH, que ofrece servicios gratuitos desde un espacio en los bajos del toralín, está ayudando a los bercianos a reclamar los pagos a mayores que se han efectuado por el "cartel del automóvil" que la Comisión  Nacional del Mercado y de la Competencia ha detectado. Son pagos a mayores que se efectuaron en una veintena de marcas y que pueden reclamarse un años después de la compra. Ese plazo es lo que están pidiendo que pase a cinco años. Son cantidades, explica el abogado colaborador de la PAH, Francisco Cañizares, que pueden estar entre los 2.000 y 4.000 euros.

También están ayudando a que se reclamen los intereses de usura de las tarjetas Revolving que se han vendido para el consumo y que se se ha detectado que contaban con intereses de un 25%. 

 
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