Piden al juez que antes de julio nombre administrador para la fábrica de aguas

Los 16 ex trabajadores recuerdan que la central de Folgoso sigue cerrada y solicitan a De la Mata que decida un interlocutor para recuperar la actividad o cobrar las indemnizaciones

Mar Iglesias
31/05/2019
 Actualizado a 18/09/2019
Una de las movilizaciones de los ex trabajadores a las puertas de la fábrica cerrada. | M.I..
Una de las movilizaciones de los ex trabajadores a las puertas de la fábrica cerrada. | M.I..
Los ex trabajadores de la embotelladora de agua de Folgoso de la Ribera no quieren que se olvide que las instalaciones de la central de Agua Vitaminada en la localidad siguen cerradas, tras los cambios de gobierno en distintos ámbitos,y han vuelto a enviar una carta al magistrado de la Audiencia Nacional José De la Mata, que instruye la investigación de la estafa de iDental en el marco de la Operación Apolonia, empresa a la que pertenecía la berciana, instándole a que nombre un administrador judicial, ya que el que ocupaba ese puesto, Jaime Bagur, cumple condena.

Incluso le piden «que visite la planta»o envíe a algún perito para que defina su estado y si es viable poder recuperarla en la situación en la que se encuentra, concreta una de las trabajadoras afectadas, Lorena Matilla.

Le darán un plazo para que responda a esa petición hasta junio. Pasado ese mes, intentarán volver a recordarles a las administraciones que hay posibilidades de empleo en Folgoso que se están dejando morir «y no estamos en una situación para hacerlo», reconocen las trabajadoras afectadas.

Aunque reconocen que la Junta les ha dado su apoyo, entienden que, como les aseguró la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, no hay interlocutor con el que poder negociar una reapertura.

Y, es que, en principio habría posibilidades de localizar a algún comprador, porque los trabajadores siempre han defendido que la empresa tenía futuro y que contaba con pedidos, sobre todo para el sur del país, de una cadena de supermercados que no pudieron cubrirse por el cierre de la central. Un paso que se dio de manera sorpresiva en el mes de noviembre, cuando los empleados recibieron un mensaje en sus teléfonos móviles informándoles que habían sido dados de baja de la Seguridad Social.

Ese proceder, sin más justificantes que ese SMS, les llevó a pediruna resolución judicial que sentenció que los despidos habían sido improcedentes. Pero, al estar las cuentas congeladas del administrador de la empresa, no han podido proceder al cobro de sus indemnizaciones «nos queda por recibir los salarios de los meses pasados hasta que se conoció la sentencia», dice Matilla, aunque sí han cobrado el paro estos meses, que deberían devolver cuando se produzca ese otro ingreso.

En total son cuatro mensualidades y el abono se les debería realizar a todos los trabajadores, por lo que se les adeuda un montante de más de 4.000 euros a cada uno de ellos, es decir, más de 64.000 euros que tendrán que percibir cuando las cuentas del administradorqueden desbloqueadas.

Los trabajadores, en su mayor parte mujeres, reclamaron a la Junta su intercesión, pero entienden su respuesta, que el caso está enfrascado en una trama delictiva y que primero deben ser los jueces los que decidan para poder liberar los bienes y, en ese momento, proceder a ayudar a localizar propietario. Pese a que los meses van pasando y los ex trabajadores, como Matilla, ya han encontrado otros empleos, siguen adelante con la solicitud, como han hecho en varias manifestaciones a las puertas de la fábrica e incluso en las Cortes regionales, donde se reunieron con los grupos parlamentarios apara explicar su situación.

En este momento, las instalaciones de la central comienzan a dejar ver el paso del tiempo sin estar en funcionamiento, pero los trabajadores confían en que aún sean recuperables para seguir embotellando agua.

De la Mata recibió un primer escrito sobre este tema por parte de una periodista dedicada a Tribunales y natural de Bembibre que apoyó la petición de las trabajadoras. Pese que ese trámite se realizó en el mes de diciembre, no ha habido respuesta por parte del magistrado y los afectados siguen solicitando su pronunciamiento como paso previo a recuperar la actividad de la planta.
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