Peramato defiende la ley del ‘solo sí es sí’ y rechaza el “automatismo” al revisar sentencias

La ley del ‘solo sí es sí’ es “muy buena”, defendió este martes en León la fiscal de Sala Contra la Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía General del Estado, Teresa Peramato, quien también restó importancia a la polémica surgida en los últimos días y avisó: “Creo que toda rebaja automática de las penas sin ponderar todas y cada una de las circunstancias concurrentes puede ser objeto de revisión por el Tribunal Supremo”.

Para Peramato, esta nueva norma “aporta muchas cosas”, al establecer como “eje fundamental el consentimiento afirmativo” y desplazar, por lo tanto, “esa responsabilidad que recaía en las víctimas de tener que alegar y acreditar que se oponían, que se resistían” y también “al eliminar la distinción entre agresión y abuso sexual”. Además, incidió en que “todas las reformas que se hacen del Código Penal van a plantear problemas de derecho transitorio” y esto, lejos de ser una excepción, “es la normalidad más absoluta”. La polémica generada, dijo, viene porque “se han dictado una serie de resoluciones que han aplicado unos criterios que tendrán que valorar los tribunales superiores”, que serán los que deban valorar si estos recursos “se adaptan a los criterios adecuados y, sobre todo, si se adaptan al principio de proporcionalidad”.

La fiscal, que participó en la I Jornada sobre Violencia Sexual ‘Radiografía sobre Violencia Sexual’ organizada por la Subdelegación del Gobierno en León, insistió en que “no se puede resolver con ningún tipo de automatismo. Lo cree el fiscal general y lo creo yo, que participo de sus criterios”, subrayó. Por eso, señaló que las sentencias que habrá que revisar serán únicamente aquellas “en las que sea susceptible de aplicar el principio de ley más favorable”. “Se tendrán que revisar y si lo quieren las partes, evidentemente, los tribunales tendrán que enfrentarse a esa petición, pero tiene que hacerse siempre ponderando todas las circunstancias y no automáticamente”, argumentó.

Recordó, además, que el fiscal general emitió un decreto este lunes “en el que se establecen unos criterios con el fin de unificar la actuación de los fiscales en esta materia muy fundados, con fundamentos muy sólidos”. Según destacó, el Convenio de Estambul, en su artículo 45, “exige a las autoridades, y por supuesto también a los jueces, que todas las conductas a las que se refiere el Convenio, entre las cuales está la violencia sexual, sean sancionadas no solamente con penas que sean efectivas y disuasorias, sino también proporcionales”. Así, remarcó que “no se puede acudir al automatismo cuando se hacen revisiones de sentencias. Se tienen que ponderar todas y cada una de las circunstancias concurrentes que están reflejadas en los hechos probados y, por lo tanto, la resolución que se tome no puede ser nunca ajena a ese principio de proporcionalidad”. Teniendo esto en cuenta, confió en que “el decreto va a resolver, y desde luego a nosotros, muchísimos problemas". Ahora, dijo, “ hay que esperar a que los tribunales se pronuncien”, pero consideró que es “fundamental”.

Durante la Jornada, desarrollada durante la mañana de este martes en el salón de actos de la Inspección de Trabajo y que contó con la participación de alrededor de 300 personas -120 de manera presencial y 180 por vía telemática-, Peramato habló también de la Ley Orgánica 10/22 de Garantía Integral de la Libertad Sexual e hizo referencia “a cuál es el objetivo final de la ley, cuáles son los ejes más importantes en la reforma penal y cuáles son los problemas a los que nos podemos enfrentar”. El derecho transitorio también estuvo presente en su intervención, así como un tema que reconoció que le preocupa “muchísimo”, que es el tratamiento a la víctima en el procedimiento penal. “Me preocupa porque las víctimas de violencia sexual (por la vivencia, por la experiencia) son muy vulnerables al procedimiento y su tratamiento no solamente tiene que ser empático, sensible”, sino que también tiene que contribuir a “protegerla frente al agresor” con medidas como evitar la confrontación visual, pero también avanzando “un poquito en la legislación para procurar una protección como mínimo igual a la que se merecen los testigos menores de 14 años”.