Pensionistas y desvitalización

Uno de los marcadores del nivel de desvitalización de una sociedad es la proporción de pensionistas respecto a los cotizantes a la Seguridad Social. Esto no implica una demonización de las personas mayores. Por el contrario, los pensionistas ejercen un derecho social que nos hemos dado los españoles y, además, pueden hacerlo en el lugar que les apetezca. La etapa de pensionista es la única en que podemos ejercer con cierta libertad el derecho de residir en diferentes partes del territorio español.

Lo que trasluce la proporción de pensionistas sobre cotizantes en una provincia es la eficacia de las políticas reequilibradoras del Estado. La nivelación y la redistribución son fundamentos constitucionales. Cuando un territorio cuenta con más proporción de pensionistas que los otros, hay que interpretar que el aparato estatal se ha despreocupado de esa zona. Se infiere que está desatendido, puesto que tuvo muchos trabajadores y, en cambio, ahora tiene menos de los que debería tener, si hubiese acompañado a la media española.

Tomando los datos de la Seguridad Social a diciembre de 2022, se observa que en España hay un 49,24 % de pensionistas sobre la masa de cotizantes. Son algo menos de 10 millones sobre una masa de trabajadores de casi 20,3. Todo lo que sea subir mucho del 50 % de pensionistas sobre los trabajadores de una provincia se debe interpretar como desequilibrio.

La única provincia que cuenta con más pensionistas que trabajadores es Orense, con 106.000 contra 104.000. Lugo es la siguiente en la cola, con casi un 92 % de pensionistas sobre la cifra de cotizantes. La tercera y la cuarta son León (86 %) y Zamora (80.5 %), ésta similar a Asturias. El resto bajan del 70 %.

El Estado tiene responsabilidad directa sobre esta anomalía. Sin embargo, no incumbe por igual a los distintos escalones de la administración, puesto que ni disponen de los mismos fondos públicos, ni los territorializan en las provincias de igual manera. La ejecución de 2019 indica que, sin contar el gasto de la Seguridad Social, las comunidades autónomas manejaron algo más del 50 % del gasto público. El gobierno central dispuso de mucho menos que las autonomías: un tercio de los fondos. Los ayuntamiento y diputaciones solo aplican algo más del 15 % de las finanzas públicas.

Es evidente que las autonomías son responsables de la mayor parte del desequilibrio entre provincias. En el caso de León y de Zamora, la Junta tiene la culpa, acumulando gastos y personal en Castilla con fondos leoneses. En consecuencia, la solución es la nueva Autonomía Leonesa, que resolverá el declive y relanzará el noroeste español.