Su misión es reforzar la seguridad en Cataluña, donde desde el 1 de octubre de 2017, con motivo del referéndum de independencia se han sucedido las operaciones de los Cuerpos y Fuerzas del Estado en el territorio catalán.
Esta medida que, desde la Dirección General de la Guardia Civil excusan en las «necesidades del servicio», deja sin derecho al permiso de Navidad a los guardias civiles de dos GRS, el número 1, en Valdemoro (Madrid) y el número 6, el de León (también en Zaragoza se encuentran en la misma situación, aunque en su caso la comisión no tiene como destino Cataluña). Según la queja elevada desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), las «necesidades del servicio» que se alegan no existen, pues argumenta que se trata de una comisión prevista, planificada y que lleva desarrollándose desde hace más de un año. Por ello entienden que lo que subyace es una «negligente gestión del personal» que conculca un derecho laboral. Hablan de «intencionalidad» de la cadena de mando pues lo lógico, sostienen, «sería nombrar las comisiones de servicio para repartir las navidades de tal modo que todo el personal estuvieses comisionado en parte de las fechas y pudiesen disfrutar su permiso en otras» aun cuando «no se permitiese a los agentes escoger turno», lo que consideran asumible.
Además, entienden que esta medida genera un enriquecimiento ilícito a la administración pues «teniendo los trabajadores el derecho a no trabajar tres días, se verán obligados a trabajarlos sin compensación económica alguna» ya que la orden general que regula las vacaciones en la Benemérita sólo contempla que se compense a quienes no disfrutan los turnos de Navidad por estar embarcados. De este modo, estiman que si por cada diez trabajadores están dejando de compensar 30 días a una media de 60 euros diarios, «se produciría un enriquecimiento ilícito de la administración de 1.800 euros» por cada diez agentes comisionados.
Llueve sobre mojado
Este ‘incidente’ se suma al malestar que existe en la plantilla del GRS de La Virgen del Camino por las irregularidades que, según denunciaban a través de este periódico, están sufriendo las secciones operativas del grupo, que ven cómo al cierre del año hay agentes que apenas han salido comisionados y otros que han estado fuera de casa más de 200 días, y todo en base al criterio del oficial de turno que confecciona las listas «a su medida», según señalaban. Además, ya advertían de la denegación sistemática de asuntos propios y vacaciones, a lo que ahora se suman comisiones de servicio que obvian las fiestas navideñas.Esta es una de las formas que, exponían, se siguen por sistema en el GRS de León, donde apuntaban además que son el único de toda España –el GRS tiene también grupos en Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona, Zaragoza, Pontevedra y Santa Cruz de Tenerife– donde hay Informes Personales de Calificación del Guardia Civil (IpecGuCi) suspensos, en muchos casos bajos las presiones de los tenientes, tal y como sostenían.
Todo lo expuesto justificaría que más del 60% de la plantilla haya solicitado marcharse de León, o que se hayan llegado a encontrar más de 35 efectivos de baja de forma simultánea. De hecho, en el grupo leonés habría una veintena de vacantes sin cubrir.
La Dirección General de la Guardia Civil, de la que depende directamente el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de León, se hacía eco de la denuncia de «dictadura encubierta» que realizaban guardias del grupo asentado en La Virgen e indicaron que se elaborarían los informes pertinentes para analizar los motivos de las bajas y estudiar qué hay detrás de las solicitudes de destino sin que, por el momento, se haya trasladado conclusión alguna al tiempo que aumenta el malestar dentro del grupo.