02/02/2023
 Actualizado a 02/02/2023
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Los jueces son los padres. Allí terminan todas las acusaciones que se realizan a diario nuestros políticos. Esa es su función, garantizar el cumplimiento de la ley por parte de instituciones y ciudadanos. Pero el peligroso proceso arrojadizo de judicialización de la política evidencia el fracaso de unos gobernantes y partidos incapacitados para el diálogo. La Justicia debería ser el último recurso y se ha convertido siempre en la primera opción.

La vicepresidenta Yolanda Díaz amenazó ayer al ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco con llevar a los tribunales la desaparición del Serla. Ocurre poco después del requerimiento por el ‘plan antiabortista’ fantasma que también incluía advertencia de acabar en los juzgados. Pedro Sánchez utiliza la Justicia para oxigenar su lucha entre buenos y malos en año electoral. Y el gobierno autonómico de PP y Vox es el villano perfecto. Igual que Mariano Rajoy judicializó su relación con una insumisa Generalitat de Cataluña para reforzar su discurso. La diferencia es que el independentismo es un riesgo real (que llegó a los ocho segundos de república catalana que pisotearon la Constitución) y esta Junta de Castilla y León continúa siendo un riesgo potencial de extremismo que, de momento, finaliza siempre en sainete folclórico. Mañueco es tan Puigdemont en los planes electoralistas de Sánchez que hay ministros citando el artículo 155.

El empeño porque todo lo diriman los jueces es el último paso de la infantilización de nuestro sistema democrático. Un escalón arriba del paternalismo con el que La Moncloa trata a los ciudadanos cuando determina la moral correcta, la opinión aceptable y la libertad acotada para protegerte de ti mismo. Una estrategia maquiavélica con la que se entiende mejor su obsesión por controlar el sistema judicial. Que decida papá Justicia mientras qué papá decida lo elija yo. De pequeños mi hermana hacía exactamente eso. Sabía que si se lo pedía a mi padre casi nunca diría que no.
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