La Ley de acompañamiento de los presupuestos, a la que ha tenido acceso la Agencia Ical, establece que en tanto se aprueben los mapas podrá producir esta declaración de interés general “siempre que se justifique por parte de la mancomunidad la asunción de los compromisos establecidos legalmente en materia de personal” y que estén al corriente de sus obligaciones legales, presupuestarias y estatutarias. En el preámbulo de la norma, el Gobierno autonómico muestra su convencimiento de que esta reforma facilitará la elaboración de los mapas rurales. La norma prevé también que una vez concluida la zonificación de la Comunidad habrá un plazo de nueve meses para que estas mancomunidades se adapten a la nueva situación para coincidir sustancialmente con la delimitación que resulte del proceso.
Esta proyecto normativo, que lleva el nombre técnico de Ley de Medidas Económicas, Financieras y Administrativas, recoge también otras medidas como la ampliación durante otros 15 años de la vigencia de las licencias de explotaciones ganaderas en los cascos urbanos municipales, lo que implica una prórroga hasta 2036 de la obligación de sacar este tipo de actividades fuera de los núcleos de población. La normativa actual establece que este proceso debía concluir el próximo año.
Ayudas
En el aspecto de ayudas fiscales, la Ley conocida por Ical establece una rebaja mínima en el impuesto de transmisiones patrimoniales para los inmuebles que alberguen empresas o centros de trabajo en el medio rural. El tipo baja del cuatro por ciento actual al tres por ciento. También se amplia el número de personas que puedan adquirir vivienda de promoción pública al elevar situar en cinco veces el IPREM (ahora está en 3,5 veces) el requisito de rentas. Asimismo, se limitan las subvenciones a la compra de coches eléctricos a aquellos que no superen los 40.000 euros, se reducen las tasas de los casinos que mantengan el empleo y se mantiene el límite de 1.320 euros en las ayudas por cuidado de hijos, de modo que se reducirá el apoyo autonómico en la misma medida que se aplique la deducción del Gobierno central hasta llegar a esta cantidad. También se señala que el importe total de las ayudas no pueda superar el gasto satisfecho en la guardería.
El proyecto de ley abre también la puerta a que no sólo la Junta de Castilla y León, sino que también las diputaciones y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes puedan realizar encargos de trabajo a la Sociedad Pública de Infraestructura y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) y, también, respecto a las entidades del sector público autonómico se someten a la acción de la Intervención General de la Junta, que ve reforzadas además sus competencias “como órgano directivo y como centro gestor de la contabilidad pública”.
En este sentido, centralizará la información contable del sector público, deberá recibir las cuentas de estas entidades y el informe de auditoría, realizará “un control financiero permanente” y supervisará sus aspectos contables pero también la subsistencia de las circunstancias que justificaron la creación de estas sociedades y su sostenibilidad financiera. Además, deberá elaborar anualmente un plan de control y su evaluación será elevada a la Junta de Castilla y León. En la misma línea, se extienden las competencias de los servicios jurídicos del Gobierno autonómico a estas entidades en materia de asesoramiento preventivo.