Así, en su sentencia 135/18,juzgado considera probado que existe un «indicio claro de un acoso de naturaleza sexual indeseado» y que el rechazo por parte de la demandante «fue utilizado como base para una decisión sobre el acceso al empleo o las condiciones de trabajo de la persona acosada», por lo que obliga a la asociación a readmitir a la ex trabajadora con abono de los salarios que ha dejado de percibir desde su despido el pasado 31 de diciembre.
Según ha explicado la ex trabajadora a este periódico, desde finales del año 2016 el presidente del colectivo mostró repetidamente su intención de tener algo más que la relación cordial que mantenían, un interés que nunca fue correspondido. Pese a ello, las insinuaciones y proposiciones fueron yendo a más. «Siempre buscaba intentar quedar conmigo, se apuntaba a los planes de grupo si se enteraba que iba... Un día se empeñó en hablar conmigo en privado para decirme que si no quería una relación por miedo a que ‘no funcionara’ que no me preocupara, que ‘funcionaba’ perfectamente», recuerda.
Ante episodios de este tipo, durante una conversación por ‘Whatsapp’decidió cortar de raíz su conducta y rechazar tajantemente cualquier posible relación sentimental con él, a lo que el presidente de Ambi y Cocemfe León, entidades ambas con las que había trabajado la demandante, respondió asegurando que no le renovaría el contrato, amenaza que terminó cumpliendo.
El despido se justificó por motivos económicos asegurando que no había subvención para poder contratarla nuevamente, algo que según explica la jueza en su fallo, «no fue probado por las partes codemandadas».
Contra la sentencia existe posibilidad de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia.
Irregularidades en los pagos
Además del despido consecuencia de la negativa a mantener una relación sentimental con el presidente de Ambi, M.A.G.C. denunció irregularidades en la gestión del sueldo de todos los trabajadores.
«Cuando llega el momento de cobrar, nos obligaba a darle en mano una parte de nuestro sueldo.En mi caso suponía darle 200 euros al mes y no era un caso aislado, en mayor o menor manera ocurría con todos los trabajadores», explica.
La demandante asegura que esta práctica es conocida por los socios, pero nadie toma medidas pese a que «solo él sabe qué se hace con todo ese dinero que no se registra en ninguna parte».
Una labor necesaria
La demandante es consciente de que este caso puede «manchar» las actuaciones de la Asociación de Minusválidos Físicos del Bierzo, algo que espera que no se produzca y «que no se confunda la labor o la forma de actuar de su presidente con la del resto de la asociación». Y es que asegura que a lo largo de los tres años en los que trabajó con la asociación comprobó en primera persona la importancia de sus programas e iniciativas.
Sí confía en que después de la sentencia, los socios y las entidades que forman parte de la Federación (Cocemfe León) muevan ficha. «Ahora son quiénes tienen que tomar la decisión de continuar o no con esta persona como presidente».