Angel Suárez 2024

Ni respetadas ni acatadas

20/10/2019
 Actualizado a 20/10/2019
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Es curioso que nuestra tendencia a banalizar lo sagrado vaya acompañada de la misma inclinación a sacralizar lo más banal. Ahora que ya nadie cree en el dogma de la infalibilidad de papa tenemos que asumir el de la infalibilidad del Tribunal Supremo, y someternos al precepto del máximo respeto a las resoluciones judiciales como si fueran las tablas del Sinaí.

Las sentencias no son más que la opinión jurídica de un juez o de un grupo de jueces que, como los demás, son humanos y falibles. En un Estado de Derecho sano, las sentencias no se dictan para ser respetadas, sino criticadas, recurridas, revocadas y casadas, y son muchas veces los propios jueces los que con más saña se ceban con ellas cuando tienen la ocasión de revisar las de sus compañeros.

Todos, incluso sus defensores, sabemos que el butifarrendum fue acompañado de alteración del orden público y de violencia, que se perpetró con la colaboración de media policía autónoma, que se declaró la república en el parlamento catalán, que se buscó el apoyo internacional y que, en suma, se utilizaron los resortes del poder para alzarse violenta y públicamente con el fin de derogar la Constitución en una parte del territorio nacional, que es lo que, textualmente, tipifica el Código Penal como delito de rebelión. Si de él han sido absueltos los responsables del 1-O es por una mera labor de pasteleo jurídico cuyo fin era conseguir la unanimidad de los magistrados. Como consecuencia, disfrutarán en pocos meses de un cómodo régimen penitenciario casi indistinguible de la libertad, y eso, para muchos, no merece respeto, sino la mayor repulsión.

Las sentencias, sin embargo, sí deberían ser acatadas, pero resulta que tampoco lo son. Las del Tribunal Supremo en materia educativa y lingüística son sistemáticamente desobedecidas en todos los centros de enseñanza catalanes. La responsabilidad de estos cuarenta años de adoctrinamiento en una ideología racista y segregacionista no es sólo de los políticos, nuestro sistema judicial ha sido igualmente incapaz de amparar a los españoles no separatistas que padecen esta insoportable situación en Cataluña y de imponer el cumplimiento de las leyes y de la Constitución.

Tan anormal es pretender un respeto sagrado para las resoluciones judiciales como que estas no se cumplan, y más anormal es que quien las dicta sean jueces cuyas carreras dependen del poder político. Pero ya hemos visto el concepto que un juez metido a ministro de Interior tiene de la «total normalidad», sólo hay que ver un telediario.
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