Valle explica que «este inventario lleva sin hacerse desde el año 1982», de ahí la necesidad de actualizar el listado de propiedades de la Junta Vecinal. Para ello se ha dado un plazo de tres meses, que servirán para tener a punto el informe y después comenzar con el proceso de venta.
«La solución pasa por vender fincas y parcelas, porque tenemos muchas», subraya el presidente de Navatejera, que recuerda que la deuda es de cerca de 2 millones de euros si se incluye la cantidad que se debe tras la privatización de la gestión del agua, que la pedanía no abonó desde entonces y la empresa concesionaria lo reclama.
Valle cifra en 7 millones el valor catastral de los terrenos que posee la pedanía, y se pueden «duplicar» si se venden Según las estimaciones que hace Valle, la referencia catastral de los terrenos que ya están identificados y que se podrían poner a la venta supondrían unos ingresos de siete millones de euros. «Normalmente esta cifra sería mayor, ya que si se venden se duplicaría», añade el presidente de la Junta Vecinal, que confía así en poder acabar con la deuda que lastra las cuentas de la pedanía, que entre otras cuestiones, debe encargarse del mantenimiento y pago de los sueldos de los empleados del polideportivo. De hecho, Valle no duda en afirmar que esta infraestructura y los servicios que se ofertan allí se mantienen gracias al empeño y el interés de los trabajadores.
Origen de la deuda
Los cerca de 2 millones de euros que adeuda la Junta Vecinal provienen de diferentes vías y se han heredado de hace varios años, algunos incluso desde 2003, cuando gobernaba UPL con Lázaro García Bayón, Inés Moreno y Aurita Martínez. Son impagos por el agua, pero también por la construcción del polideportivo, como las placas solares o la cubierta del frontón que está al lado.
Otro de los impagos está relacionado con las facturas de Gersul, la mancomunidad provincial que se encarga de la gestión de los residuos sólidos urbanos.
Y también se deben otros 480.000 euros a unos abogados después del litigio abierto con una empresa francesa para la construcción de un centro comercial en el municipio, que al final no se materializó, pero que supuso la pérdida de los terrenos y la obligación de abonar esa cantidad a los letrados, que además han exigido el pago inmediato y es otra amenaza más para la pedanía.