Con una sentencia en la mano de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia que obliga al Ayuntamiento de Ponferrada a devolver a los herederos de una finca sita en los alrededores del Campus de Ponferrada la plusvalía cobrada de más por ese terreno, Fernando Álvarez, uno de esos herederos, pretende abrir ahora un blog desde el que aglutinar todas las «barbaridades urbanísticas» que, como su caso, se han hecho en la ciudad, según denuncia. El foro, que no descarta que desemboque en una plataforma de afectados, se llamará ‘Ponferrada te confisca’ y pretende poner el acento en casos parecidos al de la familia Marqués. Su finca, que heredaron los cuatro hermanos fue recalificada de rústica a «urbanizada de uso delimitado», lo que significa que la utilidad para ella no puede ser más que la construcción de una residencia de alumnos universitarios de 79 plazas. Álvarez, uno de los cuatro herederos de la mitad de esa finca conocida como San Miguelín, de entre 37.000 y 39.000 metros cuadrados, a los que el Consistorio reclamaba plusvalías de 44.000 euros cada uno de ellos, lo que sumaba 176.000 euros, además de un coste del IBI que alcanza anualmente los 17.000 euros y que ha ido engordando una deuda superior a los 200.000 euros que la familia mantiene, aunque el importe de la plusvalía que se le ha devuelto, unos 60.000 euros, dice uno de los herederos, ha ido a minorar esa deuda directamente «no hemos visto ese importe. Tesorería lo ha metido en esa deuda», dice, algo con lo que su letrada no está de acuerdo.
Ahora reclaman la expropiación del terreno, porque el único uso al que lo pueden destinar es a hacer una residencia y no es su propósito «con lo cual solo nos da pérdidas», dice Álvarez. Otra solución sería que el terreno volviera a ser considerado rústico, aunque es algo que tampoco quiere estudiar el Consistorio, según Álvarez. Lo que sí hará el equipo de gobierno, dice, será llevar este tema a pleno para tomar una decisión y solucionarlo «nos han dicho que será en este mes», dice Álvarez. Por eso, la familia ha enviado cartas a todos los portavoces de los grupos municipales con el fin de que conozcan su problema que, asegura, es compartido con muchos otros propietarios.
De hecho, conoce ya dos casos más de fincas colindantes que han decidido no hacerle frente al alto pago de IBI, que suma unos 12.000 euros anuales para ellas. El problema de fondo, apunta Álvarez, es un Plan general de Ordenación Urbana que «fue diseñado para una población de 150.000 habitantes, cifra irreal bajo cualquier perspectiva seria y bajo dudosos intereses focalizados en determinadas áreas de la ciudad». De hecho, Álvarez sabe ahora que en la misma zona en la que él y sus hermanos tienen la finca se llegaron a expropiar otras, mientras que la suya no fue objeto de esa medida. Su caso, asegura que es trasladable a La Rosaleda y abre la puerta a denunciar a otros propietarios, ya no sólo por el caso de las plusvalías, sino por el IBI que tienen que aportar en base al valor «inflado» que se le da a los terrenos y que ha subido este año «según la última revisión ha subido un 10%» dice Álvarez, puesto que su finca, que tenía un valor catastral de 1.973.131,23 euros pasa a 2.258.406,12 «lo que con la subida del IBI que la corporación acaba de aprobar supone un fuerte incremento», admite Álvarez, puesto que estaban costeando casi 17.000 euros de IBI anual antes de esa subida.
Sin justificar
Tras la sentencia del TSJ, Álvarez buscó los criterios de valoración catastrales por los que su finca considera que está sobrevalorada, pero no los ha conseguido en Ponferrada. Ha tenido que viajar a León para presentar una solicitud de la ponencia de valores, aunque todavía no tiene respuesta, es más, a lo que le instaban los técnicos en todo momento era a solicitar la revisión de ese valor, algo que prefirió no hacer de momento y esperar a ese documento.
Más investigaciones
Álvarez ahora ve equivalencias de casos como el de su familia en otras demarcaciones españolas, lo que le da la idea de iniciar una investigación seria sobre las cargas impositivas y su adecuación al valor real de los bienes en nuestro país comenzando en Ponferrada. Además, su hermano Francisco, historiador, quiere iniciar un trabajo sobre el Campus berciano y su gestación para desgranar qué se hizo con los terrenos sobre los que se asienta.
