Mundial de Ciclismo: Análisis con tres años de perspectiva

De Ponferrada, segunda ciudad de la provincia de León, no se ha hablado demasiado en los medios nacionales, y cuando se ha hecho ha sido por razones bastante poco honorables. Entre éstas destaca la moción de censura protagonizada por Samuel Folgueral, que asumió la alcaldía de la ciudad con el apoyo de aquel Alcalde condenado por un delito execrable y del partido fundado por el mismo.

Esto último ocurría en marzo de 2013. Abandonaba la alcaldía Carlos López Riesco, un hombre cansado, sin ilusión ni músculo para ejercer su labor con garantías. Amplios sectores de la ciudad, de los que no formaba parte, daban por buena esa alianza, confiados en una nueva forma de gestionar nuestro municipio.

Tomadas las riendas por el señor Folgueral, se ratificó la decisión de organizar el Mundial de Ciclismo en Carreterade 2014. Precisamente en estos días se cumplen tres años del inicio de aquella competición deportiva. Es oportuno poner de relieve que ni el Ayuntamiento ni la Fundación cumplieronuna cláusula del contrato firmado con la UCI que obligaba al Ayuntamiento a concertar un seguro de responsabilidad civil para hacer frente a las responsabilidades que se derivasen por la no celebración del Mundial. La administración de dicho evento está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de esta ciudad, a instancia de la Fiscalía, que dio trámite a una denuncia formulada por la presunta comisión de varios delitos, habiendo sido impulsada dicha investigación recientemente por sendos autos de la Audiencia Provincial de León, admitiendo la personación en la causa de una empresa privada y del Ayuntamiento de Ponferrada y rebajando considerablemente el importe de la caución exigida a la Plataforma Pro Cuentas Claras para la suya.

En junio de 2016iniciaba sus trabajos una Comisión Especial Informativa creada en el Consistorio para analizar todos los aspectos relacionados con ese Campeonato. A pesar de haberse aprobado sus conclusiones hace ya varios meses, decisión adoptada unánimemente por todos los grupos políticos que trabajaron activamente en dicha Comisión, la señora alcaldesa, probablemente pornecesidades políticas coyunturales, no ha querido llevar a Pleno la ratificación de dichas conclusiones.

La organización del Mundial se encargó a la Fundación de Deportes de Ponferrada, inscrita en el Registro de Fundaciones Privadas. Dicha decisión fue adoptada por un gobierno del PP, encabezado por Carlos López Riesco. Gran parte de la gestión llevada a cabo en todo este proceso ha sido objeto de análisis por el Consejo Consultivo de Castilla y León. Dicho órgano, técnico e independiente, concluye que aquella decisión adoptada por aquel equipo del PP supuso una huida del derecho administrativo, es decir, se le encargó a la Fundación de Deportes para evitar la aplicación de la normativa, más exigente, que vincula a las Administraciones Públicas. La financiación habría de realizarse prioritariamente con fondos obtenidos de patrocinios del sector privado. La realidad que ofrece la contabilidad oficial de la Fundación es que la financiación del Mundial de Ciclismo 2014 se hizo, de manera casi exclusiva, con dinero público, que procedía de las arcas de nuestro Consistorio.

A pesar de ello, de que el Ayuntamiento de Ponferrada tenía tres representantes en la Fundación, entre ellos el Presidente, y de que la misma tenía su sede en unos locales municipales de la Calle del Reloj, no se siguieron en los procedimientos de contratación las normas que vinculan a cualquier organismo público, generando compromisos de pago cuantiosos, repetidamente puestos en duda por el Secretario de la Fundación, esto ya bajo la alcaldía del señor Folgueral. Se han dado circunstancias tan escandalosamente censurables como que Samuel Folgueral, alcalde de esta ciudad, que no era miembro de la Fundación en aquella época, acude a una reunión del Comité Ejecutivo, en la que se iba a acordar la concesión de la gestión de las plazas hoteleras de dos o menos estrellas, para intervenir en favor de una de las dos ofertas presentadas. Acto seguido, tras abandonar la reunión el alcalde, el Comité Ejecutivo adjudica el contrato a esa UTE apoyada por Samuel Folgueral. Se da la particularidad de que el gerente de una de las empresas integrantes de la UTE vencedora era un antiguo concejal del PP.

Es igualmente llamativo que, en junio de 2015, cuando ya se sabía que gobernaría la ciudad otro equipo de Gobierno, éste del Partido Popular, en la última reunión celebrada por el Comité Ejecutivo de esa Fundación, al no acudir la Secretaria de la misma, extiende el acta otro miembro del Comité, Jefe de Prensa del alcalde señor Folgueral, y miembro de la Fundación en representación del Ayuntamiento, y se refleja en la misma que por olvido no se había recogido en un acta extendida meses antes (concretamente el 4 de septiembre de 2014 ) las adjudicaciones realizada a dos empresas por importes respectivos de 38.022,70 y 208.096,04 euros. En dicha reunión, de los cuatro miembros del Comité Ejecutivo presentes, tres eran los representantes del Ayuntamiento, y la cuarta representaba a una empresa que, a su vez, forma parte del capital de la concesionaria del servicio de transporte urbano de viajeros.

Prueba evidente del oscurantismo con el que se actuó es que se modificaron los títulos de memorias de obras, a requerimiento del Equipo de Gobierno del señor Folgueral, para evitar que dichas obras se relacionasen con el Mundial de Ciclismo.

Dichas obras fueron abonadas por la Empresa concesionaria del servicio de aguas, como si fueran obras de saneamiento y abastecimiento de aguas, lo cual es como mínimo cuestionable. Poca confianza infunde también el hecho de que se le concediera una licencia a una empresa local, previamente denegada, el mismo día en que ésta comprometió una aportación para el Mundial de varios miles de euros.

La paranoia fue compartida, pues la Junta de Castilla y León dio el visto bueno a una operación por la que el Ayuntamiento de Ponferrada firmó avales con el Banco de Caja España ( hoy integrada en el Grupo Unicaja ), por importe de cuatro millones de euros para asegurar el pago del canon ( derechos de organización y márketing ) a la UCI, figurando como garantías de la devolución de dicha cantidad al Banco las subvenciones que la Junta de Castilla y León tenía previsto otorgar al Ayuntamiento para conceptos tales como promoción deportiva, un convenio para un centro de formación profesional o las aportaciones a los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes . Ni qué decir tiene que los avales se ejecutaron por la UCI, pues la Fundación de Deportes no hizo frente a sus compromisos de pago,y que quien hizo frente a la devolución de los mismos fue el Ayuntamiento de Ponferrada, debiendo renunciar a otras actuaciones previstas y financiadas por la Junta de Castilla y León, pues el importe de dichas partidas se hubo de destinar a la devolución de los avales. Por ética institucional, cuando no por imperio de la ley, la Junta de Castilla y León entendemos que nunca debería haber dado el visto bueno a la operación referida. Para empeorar aún más las cosas, la Agencia Tributaria reclamó al Ayuntamiento, ya bajo la dirección del actual equipo de gobierno, más de un millón de euros por no haber liquidado el IVA correspondiente a las cantidades abonadas a la UCI por derechos de organización y marketing.

Con todo ello, el resultado dela gestión de un evento que habría de financiarse con capital privado, se traduce en que el Ayuntamiento de Ponferrada, l@s ciudadan@s de Ponferrada, entre las cantidades ya abonadas y las que habrá de abonar si finalmente se determina que ha de hacer frente subsidiariamente a los compromisos de pago adoptados por la Fundación de Deportes, habremos de desembolsar una cantidad ampliamente superior a los once millones de euros, y ello con carácter provisional, es decir, si no se da la eventualidad de que se formulen nuevas reclamaciones. Nos da la sensación, al menos analizado con la perspectiva que da el transcurso del tiempo, que aquella idea respondía a los delirios de grandeza de sendos alcaldes y que su ejecución no ha hecho más que empequeñecer su figura y su memoria. Ello, con independencia de las posibles responsabilidades de otro tipo que, en su caso, puedan determinar los Tribunales de Justicia.