Morir dignamente

Supongo que decidir concluir con tu propia vida produzca una angustia absolutamente insoportable. Por la irreversibilidad de la decisión y, seguramente, por la percepción de una vida incompleta y fracasada.

Siempre ha existido un debate sobre si suicidarse es un acto de valentía o de cobardía; se encuentran fácilmente argumentos que defienden ambas posturas. Mi instinto de supervivencia y las circunstancias por las que he pasado me impiden comprender tal hecho, pero no me atrevo a enjuiciar a quien toma una decisión de ese tipo. Intuyo que ‘resolver’ los problemas de ese modo venga provocado por largas reflexiones que siempre sitúan a uno en el mismo punto; sin ninguna luz a la vista que permita encontrar una salida. Existen varias causas que incitan a una persona al suicidio, así lo aseguran los expertos, confirmando que es una decisión multifactorial. La última estadística registrada en España es del año 2013, en ella se refleja que durante ese periodo se quitaron la vida en nuestro país 3.870 personas. La cifra más alta de los últimos 25 años y la primera causa de muerte no natural, por delante de los accidentes de tráfico.

No pretendo realizar una tesis para la que no estoy capacitado, ni valorar situaciones que desconozco por completo. Sencillamente quiero reflexionar sobre el hecho de que esas personas tomaron la decisión de quitarse la vida porque disponían de la capacidad para hacerlo.

Ahora bien, existen personas que no quieren prolongar su vida y, por sus limitaciones, no tienen capacidad para acabar con ella. Del mismo modo, otras, en situación degenerativa o terminal, ni tan siquiera son conscientes del sufrimiento que padecen. El mismo respeto se debe mostrar por quienes han expresado su voluntad de continuar ‘viviendo’ independientemente de cuál sea su estado, que por los que deciden que sean otros los que pongan fin a su sufrimiento.

Cada uno de nosotros deberíamos tener un testamento vital en el que expresáramos nuestras voluntades anticipadas. Tal documento evitaría la infinidad de interpretaciones que pueden darse, tanto por el personal médico como por los familiares, haciendo prevalecer el deseo del firmante.

En cuanto a los menores de edad, como hemos visto recientemente en el caso de Andrea, la niña gallega de 12 años en situación terminal. El Estado tendría que legislar debidamente para evitar que se produzcan situaciones similares, previniendo así el sufrimiento de los menores y sus familias. Después, que cada uno obre en consecuencia ante la que, probablemente, supone la decisión más difícil frente a la que se puede encontrar una persona.
Todos los seres humanos tenemos derecho a vivir dignamente, pero no es menos legítimo querer morir del mismo modo.