Mercado del alquiler: microcréditos y moratoria

El consejo de ministros ha llegado a un acuerdo a medio camino entre los dos socios de gobierno en lo referente al mercado de alquiler y sus afectados.

En primer lugar, han hecho una distinción en dos bloques con diferentes medidas para cada uno, siendo el primero el de pequeños propietarios y el otro aquellos grandes tenedores de inmuebles que se ha fijado en 10 o más.

La solución para el primer bloque pasará por el rescate del Estado de aquellos arrendatarios que se encuentren en una situación de vulnerabilidad a través de unos microcréditos sin intereses ni comisiones avalados por el propio gobierno con un plazo de devolución de 6 años, ampliable por cuatro años hasta un total de 10.

Los inquilinos que pueden solicitar estos microcréditos son aquellos que no puedan hacer frente al pago del alquiler a causa de que hayan sido despedidos, acogidos en un ERTE, se haya visto reducida su jornada de trabajo o aquellos autónomos que su facturación haya sufrido una caída considerable por las circunstancias excepcionales que estamos padeciendo.

Asimismo, se contemplará que todos aquellos contratos de arrendamiento que tengan vencimientos mientras esté en vigor el estado de alarma se prorrogarán en las mismas condiciones por un plazo de 6 meses.

Para todas aquellas personas físicas o jurídicas que respondan a los criterios de grandes propietarios se les darán a elegir entre una de las siguientes opciones: una quita del 50% mientras dure el estado de alarma y un periodo máximo de 4 meses, una moratoria por el mismo lapso de tiempo que será satisfecha de forma fraccionada en un plazo de 3 años máximo o la solicitud por parte del inquilino del microcrédito.

Estas medidas a corto plazo serán aprobadas para dar amparo financiero a medio millón de personas aproximadamente y en todo caso son medidas para una situación de excepcionalidad.

Esta intervención planificada centralmente va a tener previsiblemente unas consecuencias que podremos constatar a medio y largo plazo por la parte más damnificada de este mercado endureciendo el acceso a la vivienda. Todas y cada una de las medidas llevadas a cabo por los ejecutivos en los últimos años han configurado una realidad que va a perjudicar irremediablemente a todos aquellos que han querido beneficiar.

Con esta alegación no pretendo decir que estas medidas que he expuesto arriba no sean necesarias en este dramático momento, lo que quiero poner negro sobre blanco es que en un mercado libre surgen soluciones perfectamente eficientes. Prueba de ello es que los tan denostados fondos de bienes raíces respondieron a la realidad en ciernes con más celeridad que el propio gobierno articulando un plan de contingencia para llegar a acuerdos de moratoria con sus inquilinos.

Y, siguiendo con esta neodistinción, los pequeños ahorradores propietarios de viviendas son los más capacitados para renegociar el precio y las condiciones de sus contratos privados con sus inquilinos porque cada caso particular puede tener una solución provisional concreta más eficiente que una regulación universal.

Los agentes económicos que participan en este mercado, tanto propietarios como arrendatarios, son plenamente capaces de resolver cualquier situación que se les plantee en el devenir de su acuerdo. Y en caso de que no lo fueran, el libre mercado ofrece una serie de profesionales inmobiliarios, asesores o abogados que pueden ayudarles en estos casos.

En conclusión, si el objetivo es tener un mercado de la vivienda de alquiler dinámico en el que los integrantes puedan llegar a acuerdos voluntarios, la única intervención de la administración debería ser la de garantizar un marco legal justo y equitativo.

Iván Franco Carrasco es miembro del Club de los Viernes de León