Y esta decisión se debe a la política de «gastos innecesarios» que está llevando a cabo el equipo de gobierno municipal en el marco de la actual situación de crisis sanitaria, social y económica.
De esta manera, los populares han recabado el apoyo de Ciudadanos y UPL y dan paso de esta forma a que el Pleno recupere atribuciones como los concursos para la redacción y la aprobación de los proyectos de obras y servicios (aun cuando no estén previstos en los presupuestos), la autorización o denegación de compatibilidad del personal municipal y de los concejales para un segundo puesto o actividad en el sector público o privado, el establecimiento y modificación de precios públicos o las facultades en materia de contratación.
El proyecto para culminar la peatonalización de Ordoño mediante un proyecto que ha salido a licitación por un importe total de 480.000 euros ha sido el detonante para que el PP impulsase una moción que considera que estas competencias plenarias –que se delegaron en la Junta de Gobierno el pasado 24 de julio con el apoyo de socialistas, populares y naranjas y con el rechazo de UPL y Podemos– «son aún más importantes en un momento político, económico y social como el que estamos viviendo». «Un momento en que los ciudadanos reclaman otra forma de funcionamiento de las instituciones con debate, con transparencia, con consenso que en casi este año transcurrido han brillado por su ausencia y que hace que las causas por las que se efectuaron las delegaciones hayan decaído totalmente», señala el texto firmado por los portavoces de PP, Ciudadanos y UPL.
«La coherencia, la sinceridad y la responsabilidad no han regido la actuación del equipo de gobierno en este tiempo transcurrido, habiéndose acentuado en los casi tres meses de vigencia del estado de alarma durante los cuales se ha hecho de ellas un uso desmedido mediante la toma de decisiones que, teniendo en cuenta los efectos adversos de la pandemia, en estos momentos de crisis sanitaria, económica y social, están haciendo disparar, en palabras del alcalde de la capital José Antonio Diez, un déficit presupuestario bestial en más de ocho millones de euros», argumenta la moción presentada antes de considerar que «hay que rediseñar el presupuesto municipal orientando y priorizando los recursos públicos hacia ayudas a los más vulnerables y a los sectores productivos afectados por la pandemia abandonando para tiempos de normalidad obras o proyectos políticos que hoy no tienen encaje».
La réplica
Mientras, desde el equipo de gobierno municipal, el concejal de Régimen Interior, Movilidad y Deportes, Vicente Canuria, asegura que no tienen inconveniente alguno en que las competencias delegadas pasen de nuevo a la sesión plenaria, aunque detalla que las conversaciones mantenidas estos días con los grupos han servido para que la Junta de Gobierno sí mantenga atribuciones como las de personarse en causas judiciales o solicitar subvenciones a otras administraciones de rango superior con el fin de no tener que hacer convocatorias frecuentes para asuntos que pueden considerarse de trámite.Canuria recuerda además que en la sesión plenaria en la que se aprobó la delegación de competencias el alcalde explicó que se trataba del mismo acuerdo que había regido en el anterior mandato y que estaba abierto a la decisión que allí se tomase. «Estoy dispuesto a lo que aquí se decida. Si quieren las competencias para el Pleno serán corresponsables igualmente de la actuación, situación y funcionamiento de esta administración. No tengo ningún inconveniente, no se crean que me voy ni a ruborizar ni a pensar que esto es un gravísimo error y un gravísimo problema para la ciudadanía. Si ustedes consideran que algunas de estas competencias que se traen delegadas a la Junta de Gobierno deben volver al Pleno porque creen que va a ser mejor para la ciudad, por nuestra parte no va a haber ningún problema. Buscaremos el consenso y el acuerdo», señaló Diez en la sesión plenaria del pasado 24 de julio.