Más sombras que luces en ‘la vuelta al cole’ por el aumento general de positivos

Esta semana se reúnen las comunidades y el Gobierno para cerrar la estrategia de las autonomías para el inicio del curso con demasiada incertidumbre dada la fecha

D.L.M.
24/08/2020
 Actualizado a 24/08/2020
«No digo que el inicio de curso esté en peligro, pero hay que bajar la incidencia para que sea lo mejor posible». Con este cauto mensaje daba cuenta de la situación del inicio del curso el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, el pasado jueves, después del Consejo de Gobierno. Las declaraciones llegaban en el contexto del aumento de contagios por coronavirus o Covid-19 que viene registrando la comunidad en el mes de agosto y de la llegada del curso escolar sin que se hayan cerrado los protocolos para organizar la docencia. De hecho, a lo largo de esta semana los centros escolares tienen que colgar en los portales web su plan específico e informar a las familias de la reestructuración de la actividad. En la actualidad, los técnicos de la Consejería revisan esos planes para recibir el visto bueno. Todos se deberán ajustar a las nuevas ratios de alumnos por clase, que se ha fijado en 22 en Infantil y Primaria (frente a los 25 de otros cursos) y 25 en Secundaria y Bachillerato (entre 30 y 35 otros años).

El mismo día que Igea evitaba afirmaciones categóricas sobre la situación, el Procurador de Común también expresaba sus dudas sobre el inicio del curso. «Lo cierto es que el establecimiento de la actividad educativa presencial en los términos que por el momento prevé la Administración plantea la necesidad de revisar todas las medidas dispuestas al efecto para garantizar la máxima seguridad de la población en general», señala en un comunicado la institución que preside Tomás Quintana.

En la misma fecha, en línea con el mensaje del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, que alertaba de que «las cosas no van bien», la consejera de Sanidad, Verónica Casada, reconocía que «preocupa» la evolución de la pandemia en las últimas semanas, apenas dos meses después de que se levantara el Estado de Alarma.

Entre las cuestiones sobre las que pesa una «razonable preocupación» se encuentran la necesidad de profesorado de refuerzo y de personal de limpieza suficiente, las excesivas ratios de alumnos establecidas para espacios cerrados (aulas, comedores, baños, patios, medios de transporte), las dificultades para ampliar los espacios, la seguridad de las personas especialmente vulnerables que puedan estar en contacto con los escolares y el resto de la comunidad educativa, la escasa madurez y autonomía de los más pequeños sobre medidas higiénico-sanitarias o las acciones en caso de que se detecte un contagio.

Para tratar de dar respuesta a estas cuestiones, la Consejería de Educación ya se ha dotado de un Protocolo de prevención y organización del regreso a la actividad lectiva en los centros de Castilla y León para el curso 2020/2021. No obstante, desde diversos ámbitos (familias, profesorado, sindicatos) se cuestionan las posibilidades de iniciar de forma segura el curso escolar, planteándose todo tipo de incertidumbres en consideración al contenido del protocolo planteado.

La revisión de estas normativas se acometerá esta semana con la Comisión General de Educación que se celebrará mañana, en la que participarán el secretario de Estado y los viceconsejeros de las distintas autonomías y el encuentro del jueves con los consejeros del ramo y los ministros de Sanidad, Educación y Formación Profesional, y Política Territorial. El calendario apremia porque la vuelta a las aulas está prevista en la comunidad para el día 9 de septiembre en el caso de infantil y Primaria, el 14 Secundaria y Bachillerato y el 21 para Formación Profesional.

Con el tiempo en contra, una de las voces que ha denuncia la falta de agilidad para organizar el curso es la Unión Sindical de Inspectores de Educación (Usie), que considera que la convocatoria de una reunión de presidentes autonómicos, «a estas alturas del mes de agosto, evidencia improvisación y un motivo de inquietud para toda la sociedad, que observa sorprendida cómo se limitan ciertas actividades, se toman medidas preventivas colectivas y, sin embargo, en el ámbito educativo gran parte de la responsabilidad se descarga en los equipos directivos, docentes y familias».

Al margen de las reuniones, hasta la fecha el protocolo de la Junta establece que solo se paralizará la docencia presencial este curso en caso de haber un alumno que haya dado positivo y sus compañeros de clase, que deberán cumplir la cuarentena. La consejera Rocío Lucas ha asegurado la idea principal es que la enseñanza se desarrolle de forma presencial en todas las etapas educativas, «siempre que sea posible». Además, se mantiene el compromiso de que el curso se inicie con menos alumnos por grupo, lo que ha supuesto la contratación de 600 profesores en la enseñanza pública y 200 en la concertada, así como reforzar el servicio de limpieza y comprar material de higiene y desinfección e, incluso, realizar algunas obras de adecuación, junto a los planes de actuación de cada centro.

A la mitad


La acción de la Junta ha recibido críticas de la oposición y también propuestas como la Unión del Pueblo Leonés (UPL). Después del anuncio de reducir al 50 por ciento el aforo en los establecimientos abiertos al público, UPL apuntó que cabría la posibilidad de reducir igualmente el número de alumnos por aula, «pasando por la contratación de más profesorado y con turnos de mañana y tarde».

Para UPL, el panorama de incertidumbre existente en Castilla y León es «inviable, la incertidumbre no puede ser una opción». «Y dado que la Junta ha demostrado sobrarle el dinero para repartir en el Consejo Comarcal del Bierzo, el mismo en liberaciones, debe demostrar esa capacidad financiera duplicando la contratación del número de profesores y reduciendo a la mitad la ratio de alumnos, que eso es lo que está exigiendo a los locales públicos comerciales y de ocio», plantean.
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