Pasadas las 10.40 horas comenzó la reunión en una sala del Palacio de la Moncloa diferente a la habitual del Consejo de Ministros. El motivo del cambio fue para que se cumplieran las distancias mínimas que marcan las autoridades sanitarias entre personas para evitar contagios. A la cita acudieron todos los miembros del Gabinete menos la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y de Igualdad, Irene Montero, ambas contagiadas por Covid-19.
El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, se saltó la cuarentena que dijo iba a cumplir una vez que se conoció el positivo de su pareja y titular de Igualdad. Según fuentes de su entorno, acudió a La Moncloa porque "no se ha habilitado la asistencia telemática”.
Con el paso del día, el debate en el seno del Gobierno derivó en una prolongación no prevista de la reunión del Consejo de Ministros, que provocó hasta tres aplazamientos de la comparecencia pública del presidente y el traslado a mañana de la videoconferencia de Sánchez con los presidentes autonómicos.
Incluso se hizo un receso de media hora para comer algo y pensar con más calma, según trasladaron fuentes gubernamentales, porque había diferencias entre ministros sobre la puesta en marcha de las medidas restrictivas. Se realizó un análisis "punto por punto" del borrador que se elevó al Consejo y ello derivó en un “debate profundo” e "intenso”, principalmente en la materia económica y social.
También se analizó que algunos presidentes autonómicos no compartan la centralización de algunos recursos, según señalan fuentes gubernamentales.
Intervenir fábricas
El borrador con el que se comenzó el Consejo de Ministros incluye medidas como la prohibición de salir a la calle desde el lunes salvo para comprar comida, medicamentos o ir a trabajar (siempre que sea imposible acudir al teletrabajo), además de por otras razones de fuerza mayor.
Además, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública e, incluso, se podrá recurrir al Ejército para garantizar la salud y el cumplimiento de las medidas.
Para lograr tanto el abastecimiento como el suministro, el Ejecutivo podrá intervenir fábricas, talleres e incluso industrias farmacéuticas. Si fuera necesario, abrirá cordones sanitarios para que tanto personas como materiales puedan entrar en granjas, fábricas de pienso o mataderos.
Por último, según este primer borrador, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, estaría autorizado a asumir todas las competencias de su ramo, aunque la gestión de los servicios seguiría en manos de las comunidades autónomas.