Medio millar de agentes participan en la operación policial más importante realizada contra el supuesto uso de fondos públicos en el impulso del «procés», que es la línea de investigación en la que menos se había avanzado hasta ahora. Asimismo, no se descarta que parte del dinero haya ido al bolsillo de algunos particulares para su enriquecimiento personal.
Los registros de este jueves forman parte de una investigación que comenzó hace dos años. Los agentes han entrado en el departamento de Goberrnación y también realizan registros en sedes de la Generalitat y de la Diputación de Barcelona, así como en entidades sin ánimo de lucro y empresas catalanas vinculadas al independentismo. Fuentes judiciales apuntan a ABC que están previstas unas 50 entradas.
Detención de cargos electos
Hay al menos 22 detenidos y la operación, que ha empezado a las nueve de la mañana, continúa abierta. Se imputan los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones. Entre los detenidos durante la operación están el alcalde de Tordera (Barcelona), el convergente Joan Carles Garcia y el expresidente de la Diputación Salvador Esteve. También está previsto detener a un diputado del Parlament.La operación, denominada «Estela», está dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona -que lleva más de un año investigando el entramado- y la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona, y se desarrolla en las provincias catalanas de Barcelona, Tarragona y Gerona. La cooperación internacional ha sido una de las partidas que, según diferentes informes policiales, se han incrementado bajo la sospecha de que incluían fondos para financiar la proyección exterior del plan independentista impulsado por el Govern de Carles Puigdemont, el presidente cesado en aplicación del artículo 155 de la Constitución y fugado para no personarse ante el Tribunal Supremo.