Según comunica el abogado de la agrupación, Albert Calduch, la empresa ha valorado esas alegaciones en un escrito que "denota una desidia importante en relación al impacto ambiental y al sector". Aunque asegura que se les da la razón en cuanto al impacto que tendría, sobre todo la línea de evacuación de casi 30 kilómetros, en los viñedos bercianos, se confirma que “se dejará para después ese estudio de impacto”. Es decir, la empresa quiere iniciar el proyecto y avanzar en él una vez cerrado el proceso de información pública y resolución de alegaciones, algo que “es ilegal”, declaró el letrado.
“Cuando se expone a información pública se hace para valorarlo y proponer alternativas. Si se deja para después, no ha habido información pública correcta ni participación. El proyecto va a cambiar y no podremos presentar alternativas", explica. Considera que, de ese modo, la empresa intenta “minimizar” el impacto y avanzar en el proyecto.
En este punto, Calduch apunta que se inicia ese proceso de fase ambiental para conseguir la declaración de impacto, algo que considera que debe llevar un año, con el fin de conocer bien la afección a determinadas especies animales. Después comenzaría la fase urbanística, que debe determinar si la infraestructura es compatible con la zona. En ella, anuncia que presentarán alegaciones basadas en que “en suelo agrario no caben estructuras industriales”. El proceso puede durar unos dos años en los que los viticultores se ponen en pie.
Lamentan que sigan adelante las peticiones de nuevos parques eólicos, los últimos en darse a conocer el llamado Barjas y Busmayor. En ambos, reconoce que “falta conocimiento sobre el terreno y le importa poco”, a las empresas postulantes “porque buscan el trazado más económico y sin estudiar la afección al viñedo y al paisaje”. El de Barjas, que propone Enel, como el de Trabadelo, y que está paralelo a ese proyecto inicial, contendrá 22 aerogeneradores para contabilizar 121 Mw de potencia. Su línea de evacuación, de 54 kilómetros, parte el corazón del viñedo berciano, pero además, la infraestructura “ignora la línea de Trabadelo y no contempla aprovecharla, sino duplicarla”, lamenta Calduch.
En el caso de Busmayor, se contempla un proyecto con 10 molinos y 60 Mw de potencia, con una línea de evacuación nueva de 35 kilómetros. En este caso Calduch asegura que la afección en la Red Natura 2000 “es clara y muy apreciable”.
“Son ataques frontales y vamos a hacer alegaciones contra estas infraestructuras”, apuntó. A lo largo del verano estudiará ambas propuestas, cuyo plazo para presentarlas acaba en julio y agosto respectivamente.
"Atacan nuestra manera de vivir"
El presidente de la Asociación Paisajes y Viñedos del Bierzo, Ricardo Pérez Palacios asegura que estos proyectos tienen un impacto brutal “el vino no solo son vides, es paisaje que hace vino, es tradición, turismo...y la proyección del enoturismo se queda con mucho menos valor. Contamina visualmente y afecta a las viñas por la infraestructura que conlleva”.Apunta que estos proyectos afectarán al sector del vino “de manera crucial, estructuralmente también”. Pero además, afea que las empresas postulantes vendan la creación de riqueza y puestos de trabajo en la zona, cuando “lo que trae riqueza es lo que se produce aquí, lo que tiene valor histórico”.
"Es un ataque a nuestro negocio y a nuestra forma de vida", reprocha y justifica todo este desembarco en el Bierzo por las ayudas que, de aquí a 2030, ofrecerá el Gobierno central, para conseguir el paso a una energía verde. “Las empresas han atacado a cualquier precio" para conseguir esa cuota energética. “Pedimos que se valore dónde se van a poner los parques, lo que afectan, los estudios ambientales y económicos son importantes. No estamos en contra de energías renovables pero sí a cualquier precio y cortado cualquier cabeza de otros sectores”, reconoce el viticultor.
La agrupación que representa cuenta ya con 40 socios y ahora pretende formar parte de una nueva federación en proyecto con asociaciones iguales en La Rioja, Navarra y Bierzo, con las que quiere acercar el problema al Gobierno central y defender desde allí el patrimonio del viñedo. Y del paisaje.