Sin embargo, el análisis no es completo si no se retrae al 2008 –primero de la crisis–. Entonces, el número de leoneses que cobraban menos de los 600 euros mensuales en 14 pagas del SMI del momento eran 51.000 por los referidos 62.500 que cobran por debajo de los 900 euros del SMI actual. La categoría más baja de los salarios se ha ensanchado un 21% al tiempo que el SMI crecía un 60%. Con la vista sobre la percepciones netas en las que se basa la categorización de la Agencia Tributaria, en términos máximos, se habrían incrementado 172,4 millones respecto a 2018, 193 millones en 2008 por los 365 del 2019. En contraposición, el IPC se ha incrementado en un 11% en la provincia entre 2008 y 2019 (a día de hoy ya es un 15%), según datos del INE. Un porcentaje que se encuentra en la media nacional, aunque, una vez más, León también está entre las provincias con el salario medio por debajo del SMI más bajo.
No obstante, el desglose de esta factura arroja datos relevantes. En su informe, la administración fija dos tramos, por debajo de la mitad del SMI y entre la mitad y el SMI. Ambas categorías se han ensanchado, un 12% en el primer caso y un 22% en el segundo. Sobre esta cuestión, caben dos posibilidades, que este desglose incluya a trabajadores que acceden al mercado laboral o que se correspondan a rebajas en la masa salarial. En cuanto al peso de este colectivo sobre el total, representan el 35% de los 174.641 asalariados totales de la provincia.
Sobre la mesa
Reactivado el debate sobre una nueva subida, todos estos números vuelven a estar sobre la mesa. La situación es diferente a la del 2017, cuando patronal y sindicatos coincidían en que «la economía va mejorando y todos debemos participar de las mejoras», en palabras del presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (Fele), Javier Cepedano. Su homólogo en el Círculo Empresarial Leonés (CEL), Julio César Álvarez, incidía en la contraprestación por parte de los trabajadores que debía ser la «mejoras en la productividad de las plantillas» –como desde hace años se reclama desde la Unión Europea–. Por su parte, los sindicatos reclamaban que no hubiera convenios por debajo de 1.000 euros en palabras del secretario provincial de UGT, Enrique Reguero, porque se consideraba «bueno para la economía» el que «hubiera más dinero en circulación» como explicaba el secretario provincial de CC.OO., Xosepe Vega.
La situación hoy es diferente. Mientras los sindicatos inciden, desde antes de la llegada del coronavirus, en la precarización del empleo, la patronal considera que la recuperación postcovid no está asentada y que el incremento de los costes podría frenarla. No obstante el debate todavía está en un perfil bajo, a la espera de que ver el efecto sobre el empleo del fin de la temporada de verano. En la provincia, al cierre de agosto, la afiliación a la Seguridad Social ya estaba en valores superiores a registrados antes de la pandemia.