El punto creó su debate, pues el PSOE iniciaba las intervenciones asegurando que no quiere ser «cómplice» de una medida que se ‘vendió’ por un ahorro que ahora no se justifica por ninguna parte. Una de las «tres mentiras» que, según la concejala de León Despierta, María Hernández, les ha contado sobre este asunto el equipo de Gobierno porque «ni los trabajadores van a pasar por el examen que se exige a cualquier empleado público, ni habrá ahorro y parece el paso previo a una nueva privatización». Y manifestó su sospecha de que los trabajadores han sido «manipulados para no ver que va a ser un mal cambio». En la misma línea se pronunciaba la portavoz de León en Común, que afirmó que «esto facilita la externalización del servicio» y que «han llevado a los trabajadores a la confusión haciéndoles creer que no tendrán que pasar por el examen».
De las acusaciones de mentir se defendía la concejala de Urbanismo, Ana Franco, que aseguró que nunca se había justificado en el ahorro esta decisión (aunque en su momento se llegó a cifrar en más de dos millones de euros) y que la decisión había sido refrendada por cerca del 95% de los trabajadores en asamblea y no cuenta con ningún inconveniente legal. Ciudadanos, como UPL, respaldó la aprobación inicial y apertura de un trámite de información pública argumentando que el error fue crear un órgano diferenciado cuando se municipalizó el servicio (en el año 2013) cuando la mejor manera de gestionarlo es la que ahora se pretende.
Y así quedó aprobado, con el voto favorable del equipo de Gobierno, la formación naranja y el concejal leonesista; la abstención de PSOE y León Despierta, y el voto en contra de León en Común.