Los sindicatos exigen que se compre ya el carbón nacional

El secretario provincial de Energía de CCOO, Manuel Fernández, y el máximo responsable de minería de UGT en Castilla y León, Jorge Díez, exigieron este miércoles la compra de carbón nacional por parte de las empresas eléctricas porque si no «se perderán todos los empleos». De hecho, Díez recordó que ya se han extinguido los contratos de HBG y peligran los de Uminsa, que suman 160 empleos, si no se reactiva la adquisición del mineral salido de las cuencas mineras leonesas.

Ambos dirigentes sindicales también pidieron al Gobierno central que complemente el real decreto que regulará el cierre de las centrales térmicas con ayudas a la desnitrificación, a la vez que destacaron que "algunos trabajadores ya han perdido las prestaciones y muchas familias están pasando hambre", de ahí que insistieran en que la solución pasa por "reanudar la compra de carbón nacional". Además, resaltaron que actualmente tiene un precio menor que el que llega del extranjero, a la vez que resaltaron que "el Musel es la mayor mina de España", en alusión al puerto de Gijón por el que entra esta mercancía para ser trasladada a las térmicas.

Los sindicatos también especificaron que sin esas medidas tanto carbón como sector eléctrico están abocados al cierre y recordaron que la multinacional eléctrica Enel ha anunciado que cerrará Compostilla en 2020.

Ante esta situación, anunciaron que tanto hoy como mañana está previsto que se planteen movilizaciones en Compostilla para así hacer más visible si cabe el problema actual del sector. Se trata de unas iniciativas de protesta que se complementarán con una manifestación el próximo martes, 19 de septiembre, por las calles de Ponferrada, desde la sede de UGT, sindicato convocante, hasta la sede de la Junta de Castilla y León en la capital berciana. Díez también recordó que Uminsa lleva sin suministrar carbón desde el mes de enero, por lo que alertó de que la extinción de los contratos supondría la pérdida de todos sus derechos a los trabajadores, ya que no podrían acogerse a las medidas sociales, como bajas incentivadas y prejubilaciones, hasta 2018.

Por otra parte, el secretario autonómico de UGT de Industria, Gonzalo Andrés Díez, acusó al PP de "no tener voluntad política» para solucionar la problemática que vive el sector. El responsable sindical apuntó que ni el Gobierno ni los diferentes dirigentes del partido se han implicado en solucionar el problema, puesto que de la Junta apuntó que «antes cargaban contra Soria pero ahora no dicen nada sobre De Guindos". También señalaron que se podía haber aprovechado el verano para la compra de carbón nacional ante la falta de agua y el parón nuclear de Francia.