Los repartidores piden en Ponferrada que la nueva Ley Rider les permita seguir siendo autónomos

Una quincena de repartidores y ‘riders’ de plataformas digitales como Glovo y Uber Eats participaron hoy en Ponferrada en una sonora protesta contra el proyecto de ley que pretende regular el sector y que busca convertir en asalariados a estos trabajadores que hasta el momento desarrollan su actividad bajo el régimen de autónomos.

“Ahora tenemos libertad de horario y flexibilidad a la hora de escoger cuándo y cómo queremos trabajar”, explicó el portavoz de la protesta, Rafael León, que auguró que la futura normativa repercutirá en una precarización de los puestos de trabajo. “No van a venir a ofrecerte un contrato de ocho horas”, señaló.

Convocados por el movimiento Repartidores Unidos y la Asociación Profesional de Riders Autónomos (APRA), los trabajadores que se encargan de repartir comida a domicilio o de hacer las compras en supermercados y farmacias reclamaron al Gobierno que se abra al diálogo con las asociaciones que representan al sector. “Queremos que la ministra se siente a hablar con nosotros”, apuntó León, que aseguró que la futura ley que regule la actividad en las plataformas digitales puede provocar la destrucción de 25.000 de los 35.000 puestos de trabajo que actualmente existen a nivel nacional, así como el cierre de negocios hosteleros que en el contexto actual subsisten a base del reparto de comida a domicilio.

Entre los participantes en la protesta, Francisco Muñoz y Arturo Jiménez, los ‘riders’ más veteranos de la ciudad, explicaron que convertirse en trabajadores asalariados reduciría la “libertad” con la que cuentan ahora y les restringiría a un salario y horario concretos. Además, la futura ley también impediría que estos empleados trabajasen para más de una empresa en el sector.

“Nos llaman falsos autónomos, pero no es cierto que seamos trabajadores precarios”, afirmó Jiménez, que lamentó que los ‘riders’ puedan perder su condición de “mileuristas” para firmar contratos que “en el mejor de los casos, serían a 20 horas semanales cobrando 450 o 500 euros”. En ese sentido, Muñoz lamentó que el Ministerio no exija unos mínimos a las empresas de reparto y que se mueva motivado por las “promesas electorales” para regularizar el sector.

Las manifestaciones tuvieron lugar de manera simultánea en una decena de ciudades españolas, entre las que se cuentan Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Gijón y Ponferrada. En la capital, una marcha sobre ruedas por la Gran Vía llevó a los repartidores y ‘riders’ hasta la puerta del Congreso de los Diputados, donde leyeron el manifiesto de la propuesta.