Según Rafael C.S. y Enrique D.S., los dos acusados, la entidad bancaria actuó con «venganza» porque subrogaron el crédito que les habían concedido para levantar el inmueble con otro banco. Tal y como declararon este lunes en la primera sesión del juicio que, hasta este martes, acoge la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León, reconocen no haber devuelto un euro ni a la caja ni a los compradores, pero no supieron explicar dónde fue a parar toda esa cuantía.
Según declararon durante su interrogatorio, se gastó en pagar facturas por la obra, pero no pudieron presentar factura alguna porque, de acuerdo a sus explicaciones, quedaron en manos de un supuesto abogado palentino. Aseguran que ellos no se quedaron con nada, de hecho se declaran insolventes y sus defensas solicitan para ellos la libre absolución, frente a los seis años de cárcel que pide la fiscal para cada uno de ellos como presuntos autores de sendos delitos de apropiación indebida, algo que para la acusación particular va todavía más allá, apropiación indebida y estafa.
Ventas de pisos ya embargados
Los acusados aseguraron que no vendieron piso alguno tras conocer que el inmueble había sido embargado por Caja España, pero las declaraciones de los perjudicados demostraron que se firmaron contratos de arras bien entrado ya el año 2008 (en el mes de abril), cuando a ellos se les había notificado el embargo del edificio en diciembre de 2017.Según el abogado de la acusación particular, Jorge Acero, que representa los intereses de 19 afectados que interpusieron denuncia por vía penal allá por septiembre de 2008, la sesión de ayer «acreditaba la comisión de los delitos con las declaraciones no solo de los denunciados sino de los perjudicados, ya que dichos señores reconocen haber percibido la totalidad del dinero, tanto de Cajamar como de los compradores, haber desviado ese dinero a actividades distintas a la ejecución de ese edificio por no acreditar además que no han utilizado ni un euro en la ejecución de ese edificio y, porque después de saber que debían la totalidad de la hipoteca a Cajamar y de estar embargado el edificio por Caja España, siguieron vendiendo inmuebles poniendo en el contrato de arras que estaban libres de cargas y gravámenes».
Este martes continúa la vista con más práctica de prueba y la lectura de las conclusiones finales de las partes.
El caso
Ha pasado más de una década desde que se firmó el último contrato de arras por parte de los 19 denunciantes que, durante los años 2005, 2006 y 2007 formalizaron y abonaron contratos privados de compraventa o de arras por importes de entre 7.200 y 30.000 euros respecto de otros tantos pisos. Dinero que no volvieron a ver para unos pisos que nunca han llegado a disfrutar, en total, 380.000 euros, según las cantidades recogidas en el escrito de calificaciones provisionales del fiscal.Los compradores declararon este lunes que no aceptaron elevar sus contratos a escritura pública con la entidad que embargó ‘sus’ pisos porque habrían tenido que hacerse cargo de la deuda generada por los acusados como responsables subsidiarios.
Esta previsto que el juicio quede visto este martes para sentencia.