Los planes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

El Miteco destinará 285 millones al desarrollo económico de las comarcas mineras del carbón, de los que la mitad corresponde a prejubilaciones y bajas incentivadas

Ical
30/10/2020
 Actualizado a 30/10/2020
Teresa Ribera ostenta la cartera del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Teresa Ribera ostenta la cartera del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) contará con un programa de rehabilitación energética en municipios de menos de 5.000 habitantes, con un presupuesto de 350 millones en 2021, la extensión de la banda ancha ultrarrápida y de cobertura de banda ancha en movilidad de 30 megabites, con 878 millones en los próximos tres años, el desarrollo de sistemas de saneamiento y depuradoras en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, con una dotación de más de 100 millones, la renovación de edificios y propiedades de la Administración General del Estado (AGE), que cuenta con 600 millones este año, así como otros planes relativos a sostenibilidad turística en zonas con riesgo demográfico, dinamización cultural del medio rural, desarrollo de la agenda urbana y rural en zonas despobladas o promoción de proyectos empresariales generadores de empleo joven.

Todas estas partidas de gasto corresponden al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que pondrá en marcha el departamento de Teresa Ribera, y que en total asciende a 5.390 millones, dentro de un presupuesto global que alcanzará en 2021 los 12.307 millones de euros. De ellos, 6.805 millones proceden del Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.

Las cuentas del Miteco dotan por primera vez de presupuesto propio a la Secretaría General de Reto Demográfico, que dispondrá de una asignación de 19 millones de euros para llevar a cabo actuaciones dirigidas a desarrollar y afianzar proyectos que movilicen inversión, innovación, empleo y emprendimiento en el territorio, en coordinación con los entes locales y comunidades autónomas.

La partida del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 correspondiente al Ministerio se incrementa un 132 por ciento respecto a las cuentas actuales, según un comunicado, con el objetivo de “impulsar la transición ecológica sólida e inclusiva, reactivar la actividad económica e industrial del país en base a un modelo sostenible y respetuoso con los límites del planeta, dar un impulso masivo a las energías renovables, la eficiencia y la movilidad sostenible, restaurar y proteger la biodiversidad, impulsar la economía circular, y garantizar la cohesión social y la igualdad de oportunidades en todo el territorio, entre otros”. Sin las dotaciones europeas, el presupuesto asciende a 5.502 millones de euros, un cuatro por ciento más respecto al presupuesto actual.

Además, 5.300 millones irán destinados al impulso de las energías renovables, la transición energética y la movilidad sostenible; mientras que los 90 millones restantes corresponden al Instituto de Transición Justa, orientados a dinamizar económicamente e identificar oportunidades y generar empleabilidad en las zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas y nucleares. Se afianza, así, el compromiso con una transición energética justa e inclusiva.

En el desglose de los 5.300 millones de los fondos europeos destinados a la transición energética, 1.100 corresponden a medidas de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos; 350 a actuaciones de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana en zonas en declive demográfico; 1.900 millones al desarrollo masivo de energías renovables, incluyendo renovables innovadoras como la eólica marina o el biogás, así como actuaciones para el impulso de la cadena de valor de la energía o una estrategia específica para las islas; 750 millones a infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue del almacenamiento; 600 millones al hidrógeno verde como proyecto país; y 600 millones a renovación de edificios y propiedades de la Administración General del Estado (AGE), especialmente en zonas vinculadas a reto demográfico.

El Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), dependiente de la Secretaría de Estado de Energía, contará con 422 millones de euros en el siguiente ejercicio de recursos nacionales. Por su parte, el presupuesto previsto para el Instituto para la Transición Justa (ITJ) es de 422 millones de euros, un 25,12 por ciento superior que el presupuesto prorrogado de 2019 para el Instituto de Reconversión Minera del Carbón. De esos 422 millones, 285 se destinarán al desarrollo económico de las comarcas mineras del carbón, correspondiendo 140 de ellos a prejubilaciones y bajas incentivadas. Cabe destacar que este es el primer presupuesto que incluye ayudas a municipios afectados por el cierre de centrales térmicas y nucleares. Además, el bono social térmico se dota de 109 millones de euros.

Medio Ambiente


El presupuesto del Miteco destinado a medio ambiente asciende a 2.452 millones, incluyendo los fondos europeos. De estos, 601 irán destinados a implementar la conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad, 500 millones a economía circular, 149 a preservación de los recursos hídricos, 144 millones a preservación del litoral y 21 millones a reforzar los recursos y capacidades en meteorología.

“Estas partidas pretenden dar impulso a actuaciones de restauración ecológicas, incluyendo recuperación de ecosistemas, zonas afectadas por la minería y medidas de fomento de la conectividad y de reverdecimiento urbano. Las inversiones ambientales se centrarán también en la lucha contra los incendios, la gestión forestal sostenible y medidas de planificación y mejora de masas forestales”, señaló el Ministerio.

En agua destacan las actuaciones de depuración, saneamiento y reutilización de aguas residuales; actuaciones de conservación y restauración hidromorfológica; implantación de medidas de conservación y restauración en las reservas naturales fluviales; inversiones para mejorar la seguridad de las presas y los embalses; y actuaciones para mitigar el riesgo de inundación.
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