Los ingenieros de minas apoyan la explotación del carbón autóctono y piden que prime la seguridad energética sobre la competencia

El Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas de España considera que la Comisión Europea se equivoca al enfocar la política del carbón, prioritaria y únicamente, desde el punto de vista de la competencia, olvidando el papel de los combustibles sólidos en la estrategia de la seguridad energética. En un comunicado, reclaman coherencia a la Comisión Europea en el sentido de considerar al carbón autóctono y a las decisiones sobre sus ayudas dentro del marco energético, es decir, integrándolo en la política energética comunitaria y en el cumplimiento de sus tres objetivos básicos de proporcionar la seguridad en el suministro, ayudar a la competitividad económica general y respetar el medio ambiente.

Ese es el mensaje central de la carta enviada por el Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas a Miguel Arias Cañete, Comisario Europeo de Cambio Climático y Energía, en la que expresan su preocupación por el carbón autóctono -uno de los escasos recursos energéticos disponibles en la Unión Europea-, y plasman los argumentos para reclamar un nuevo enfoque europeo para las ayudas a la industria hullera.

En la actualidad, recuerdan, se calculan en más de 1.100 millones de toneladas las reservas explotables de carbón en España, para cuya extracción tienen que darse las condiciones de competitividad necesarias. Sin embargo, la realidad -añaden- muestra que, desde 2009, al transferirse la gestión y el control de las ayudas de Estado a la industria al departamento de Competencia, el carbón pasó de ser un producto energético estratégico a convertirse meramente en un producto comercial sometido a las leyes de la competencia, lo que hizo que el Servicio de la Competencia de la Unión Europea pudiese introducir incluso una discriminación negativa para el carbón. Ese cambio dio lugar a la decisión que fijó el cierre de las minas no competitivas para el 31 de diciembre de 2018.

Los ingenieros de Minas, tal como consta en la carta enviada por el Consejo Superior de Colegios al Comisario Arias Cañete, consideran que, por el contrario, existe base legal suficiente (según el artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la UE) para que las medidas del Parlamento Europeo y el Consejo no afecten al derecho de un Estado miembro a determinar las condiciones de explotación de sus recursos energéticos, sus posibilidades de elegir entre distintas fuentes de energía y la estructura general de su abastecimiento energético.

Las obligaciones de servicio público previstas en la Directiva del mercado interior de la electricidad, argumentan, constituyen una oportunidad para el mantenimiento de la minas de carbón españolas, puesto que se admite, que por motivos de seguridad de suministro, los Estados puedan disponer con carácter preferente la entrada en funcionamiento de instalaciones generadoras que utilicen fuentes de combustión de energía primaria autóctonas, hasta el 15 por ciento del total de energía primaria necesaria para producir la electricidad que el país consuma en un año.

En consecuencia, los ingenieros de minas reclaman que la Comisión Europea establezca un nuevo Reglamento sobre las intervenciones de los Estados miembros en la industria del carbón que haga compatibles las competencias sobre la materia entre los distintos países y la Unión.