El procedimiento judicial se inició a raíz de una denuncia planteada por Izquierda Unida y la organización Ecologistas en Acción, que aprecian una administración desleal de los fondos de la entidad financiera que habría causado un quebranto en sus cuentas de unos 47 millones de euros, según los denunciantes. Fuentes del caso explicaron a Efe que la declaración de los imputados está prevista para después de las próximas elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo, en concreto para las mañanas de los días 26 y 29 de mayo.
Las mismas fuentes señalaron que las imputaciones se dirigen exclusivamente contra los consejeros que participaron en la reunión de febrero de 2009 del consejo de administración de Caja España, en la que al parecer se tomaron las decisiones que ahora son objeto de investigación.
Las imputaciones se dirigen exclusivamente contra los consejeros que participaron en la reunión de febrero de 2009 Ese consejo estaba formado entonces por el exalcalde de León, Francisco Fernández; el secretario provincial de Asaja, Antonio Turrado;y el presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maíllo. Todos ellos declararán como imputados, así como el resto de miembros de este organismo: Miguel Ángel Álvarez, Artemio Domínguez, Bernardo Fernández, Alfredo Fernández, Juan Elicio Fierro, Marcos García, Zenon Jiménez-Ridruejo, Alejandro Menéndez, María Begoña Núñez y María Olga Palacio.
En este sentido, el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, pidió respeto para esta decisión judicial así como la presunción de inocencia de los imputados. También destacó que la actuación de la Junta de Castilla y León terminó con «ver» si contaba con informe favorable de la Comisión de Riesgo, la relación con el consejo de administración y si no superaba un porcentaje, a la vez que declinó que el Ejecutivo autonómico tuviera algún tipo de responsabilidad política.
En parecida línea se mostró ayer el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en un acto en Salamanca, ya que expresó su opinión respecto a la posibilidad de apartar de las listas a los políticos imputados, una medida que consideró «excesiva» por estar basada en «suposiciones» y que se anticipa a la decisión judicial. Catalá resaltó que la «mera condición de imputado» significa que tiene que comparecer ante los tribunales para que se abra una investigación al respecto y esto no debe suponer el que se produzca una «sombra de duda» frente a su presunción de inocencia.
Sin imputados en las listas
Alejar a las personas imputadas de una responsabilidad pública, supone a su juicio «anticiparse» a una supuesta atribución de un delito por parte de la Justicia, que es quien tiene que determinar este extremo.
En contraposición, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, reafirmó ayer en Burgos que el compromiso de esta formación política es que «no haya personas imputadas en las listas electorales». Si bien, Tudanca aseguró que los socialistas «no han recibido comunicación alguna» por parte de ningún juzgado y que las únicas noticias que tiene son las que aparecen publicadas en los medios.
No declarará como imputado el procurador del PP en las Cortes, Javier García-Prieto, puesto que es aforado como miembro de la Comisión Permanente de Las Cortes y su imputación debería dictarla el TSJ. A propósito, el candidato del PP a la Alcaldía de León, Antonio Silván, aseguró que «todos los leoneses» conocen la «honradez y honestidad» de Javier García-Prieto, uno de los consejeros de Caja España señalados por el juez en el caso de la aprobación de créditos. El todavía consejero de Fomento apuntó que, sin embargo, «no hay ningún auto de imputación por parte de la autoridad judicial competente» con respecto a los miembros del consejo. En la misma línea se mostró el presidente del PP en León, Eduardo Fernández, que pidió respeto para la presunción de inocencia de García-Prieto y defendió la honorabilidad del procurador.