La tendencia es positiva tanto en las inversiones de los grupos de acción local como de los promotores empresariales, que “realizan una labor importante superando las dificultades propias del arranque del periodo de programación”. Las cifras que manejan los propios grupos, año y medio después de la selección de los programas, animan al optimismo.En estos momentos, para el conjunto de inversión de los GAL está asignada una cifra de 52 millones de euros, que servirá para alcanzar un total de 150 millones de inversión público-privada y crear 700 puestos de trabajo en el periodo de la primera asignación -de abril de 2016 a junio de 2018-. Si se examina por grupos, la media de inversión es de 1,2 millones, con un total de 3,5 millones en cada caso.
El porcentaje liberado en esta fase es el 40 por ciento del total, que se acomete en base al cumplimiento de unos objetivos de ejecución, contratos firmados con promotores y nivel de ejecución y certificación de las inversiones realizadas. Los grupos comenzaron a recibir solicitudes de ayuda y a movilizar el territorio en busca de proyectos financiables, con el matiz de que en este periodo de programación la prioridad de aplicación se centra en los proyectos productivos que generan empleo, principalmente joven y femenino.
“Los datos son realmente buenos”, reiteró García Moro, más si cabe que restan cinco meses para el inicio de la fecha prevista por normativa para realizar la evaluación del estado de situación de los distintos programas Leader, comarca a comarca. En función de esto los GAL podrán recibir la segunda asignación económica, que representa a otro 40 por ciento del total. En estos momentos, según Princal, nueve de cada diez grupos de Castilla y León estarían en disposición de justificar compromisos de esa segunda liberación, lo que se traduce en el 80 por ciento de la asignación económica recibida. Además, el estado de ejecución de los proyectos presentados en Leader “está lo suficientemente avanzado para poder afirmar que se podría certificar al menos el 50 por ciento de los contratos firmados”.
Adelantar la segunda asignación
García Moro consideró que este escenario “debe propiciar” que la Junta asuma la responsabilidad de adelantar la siguiente asignación financiera a los grupos que lo demanden, para evitar ralentizar los programas de desarrollo rural “por decisiones administrativas”. De este modo, prosiguió, se avanzará “aprovechando la sinergia generada en este primer periodo de programación”, en el que se esperan “excelentes” resultados de generación de empleo y de movilización de fondos privados.
Princal recordó la “importancia” de establecer acciones y políticas “ambiciosas” para frenar la despoblación del medio rural regional, un discurso “prioritario” que ha calado en Leader, un programa “que está llevando a cabo un trabajo importante de lucha contra el despoblamiento” durante sus más de 20 años de evolución. Además, la organización, que aglutina a 30 de los 44 grupos de acción local de la comunidad, subrayó que los programas de desarrollo han servido también de “ensayo de la subsidiariedad” y han demostrado que es “rentable una gestión de iniciativa local apoyada y respaldada por las administraciones públicas”.
García Moro aprovechó, igualmente, para rematar que la continuidad de los procesos de desarrollo iniciados en la comunidad se resume en una “cuestión de envergadura”. “Los excelentes resultados de los programas de desarrollo tanto en términos de empleo, como de creación de empresas; así como el importante grado de diversificación económica obtenido en los territorios rurales, son los principales soportes”, ensalzó el presidente de Princal.
A su juicio, esta continuidad “debe sustentarse técnica, política y financieramente, apostando por el desarrollo integrado, global y sostenible de los territorios, apoyando la cooperación de los grupos, con una administración y una planificación general con la participación de la población local y una metodología de trabajo ascendente”.
En la actualidad, el ámbito de los programas Leader afecta al 98 por ciento de la superficie de la comunidad y al 40 por ciento de la población (más de un millón de personas) y 1.881 municipios. Los GAL cuentan con un total de 5.700 socios entre los propios ayuntamientos (los mismos que municipios), empresa (1.741) y otros como asociaciones, fundaciones, cámaras u organizaciones agrarias (2.101).
Críticas de Huebra
Por su parte, el presidente de Huebra, Ángel de Prado, calificó de “bajísimo” en general el nivel de ejecución debido a la burocracia y el sistema informático de control, “tan complejo”. “Los grupos no pueden movilizar recursos hasta que no estén en pleno informático”, sostuvo a Ical.
En el fondo, Huebra se quejó de que al incluir los programas Leader en el PDR, éste “no aporta ventajas y sí todos los inconvenientes de la inmensa burocracia que conlleva”. “Se pone en peligro la filosofía, letra y espíritu que sale de la UE de lo que quiere que sea Leader, que en definitiva es la libertad de la gente en Castilla y León, que piense en iniciativas y propuestas para dinamizar el medio rural”.