Matías Llorente, presidente de Ugal-UPA, y Félix Porto, del gabinete jurídico de Uniones Agrarias de Galicia, mantuvieron ayer un encuentro en Cabreros del Río con los ganaderos. «Vamos a hacer una colaboración con los asesores jurídicos de Uniones Agrarias para hacer las reclamaciones correspondientes con los ganaderos que estén interesados, tanto para los que están afiliados como para los que están fuera», afirmó Llorente, que explicó que el cobro del asesoramiento será de un 10 % de lo que cada damnificado pueda recuperar.
«Por primera vez una denuncia de una organización agraria permite al Tribunal de Competencia llegar a una sanción como esta que ha sido de 80,6 millones de euros a las principales industrias lácteas. Se pudo demostrar y el proceso comenzó en Castilla y León, con que ahora los ganaderos pueden recuperar lo que perdieron», aseveró Llorente.
Por su parte Félix Porto incidió en que se trata de «una cuestión de responsabilidad, coherencia y compromiso» con los ganaderos y avaló su conocimiento en la materia en que fueron ellos desde Uniones Agrarias -UPA en Castilla y León- desde donde comenzaron a librar la batalla contra el ‘cártel de la leche’ para llegar a la sanción puesta a ocho empresas que operan en el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca por conductas ilícitas al intercambiar entre ellas información que les permitía coordinar estrategias comerciales en detrimento de los intereses de los ganaderos.
Para compensar la merma de ingresos padecida por los profesionales del sector lácteo en las dos últimas décadas, estos deberán ahora presentar las justificaciones de los litros de leche entregados en los años que afectan a cada empresa transformadora, puesto que cada una de ellas deberá responder a unos años determinados según lo dictaminado por CNMC. El periplo judicial se plantea ya desde el inicio como «largo» puesto que algunas de estas industrias han recurrido la decisión.
Las reclamaciones podrán interponerlas aquellos que entregasen leche a las empresas sancionadas aunque ahora no estén en activo en el sector e incluso los herederos legales de los profesionales ya fallecidos también podrán librar la batalla judicial. No hay un número fijo de afectados ya que hay industrias que operan en la provincia de León que no han sido condenadas.