Acompañado por el procurador del Grupo Parlamentario Socialista por Segovia, José Luis Vázquez, Gutiérrez explicó que han planteado una serie de propuestas al Ejecutivo autonómico, para que destine una parte “ínfima” de los cerca de 800 millones que ha destinado al a Comunidad el Gobierno de España para atender sus necesidades. “Queremos que nos ayuden al menos con el SMI para que este sector tire hasta marzo del año que viene, y que nos den un pequeño empujón para reactivar luego nuestros negocios. Lo poco que tenemos lo vamos invirtiendo en nuestros negocios, camiones y remolques, y en pagar el espacio que te cobran los ayuntamientos. De repente vino esta pandemia, no puedes salir y lo aceptas, pero en la desescalada vemos que todo el mundo sale pero nosotros no. Nos hemos visto abandonados, las competencias son de las autonomías y nos han dado de lado”, denunció.
En declaraciones recogidas por Ical, sí reconoció que son conscientes de que desde la Junta “están preparando una pequeña ayuda para reactivar el sector el año que viene”, unas fechas en las que “quién sabe pasar cómo puede estar todo”. Por de pronto, de las 2.500 familias que estaban dadas de alta en el sector en Castilla y León a principios del verano, actualmente no resisten más de 1.050 autónomos feriantes, que sobreviven “parados, con créditos e hipotecas pendientes de pago”. “No se puede dejar la gente tirada de esta manera”, recalcó.
Es por ello que Gutiérrez anunció que le próximo martes, 1 de septiembre, durante la celebración del pleno en las Cortes, está previsto hacer una cacelorada a las puertas del parlamento regional. “La feria nunca se ha manifestado ni ha pedido ayudas, pero la situación es insostenible. Todo el sector quiere venir a la concentración con sus camiones y remolques, y el día que salgan a la carretera...”, advierte. “Al colectivo no lo podemos sujetar, y antes de llegar a estas situaciones alguien de los que gobiernan debería tomar cartas en el asunto”, remachó.
“Las orquestas, pirotecnia, charangas, marionetas... todo el sector de ocio ha quedado practicamente fuera de las ayudas. ¿Ahora, qué hacemos de aquí a marzo del próximo año? Tenemos que comer, tenemos familia, somos feriantes y a mucha honra porque alguien lo tiene que hacer. El Gobierno de Castilla y León tiene que ayudarnos, porque está en su mano. Con una pequeña parte de los presupuestos que les han dado desde el Gobierno central podrían ayudarnos perfectamente”, resumió Gutiérrez.
Identidad de Comunidad
Por su parte, José Luis Vázquez subrayó que la feria es una parte “inseparable” de la identidad de los municipios de la Comunidad. Según apuntó, el sector industrial de las ferias padece “una situación laboral terrible y dramática en sus consecuencias sociales”. “Es un colectivo desatendido. En Castilla y León las competencias son de la Junta, que con su decreto determinó establecer unas reglas que impedían de facto la celebración de las ferias en los municipios, por lo cual debería también haber sido la responsable en llevar a cabo las medidas indemnizatorias correspondientes”, afirmó.
Según recordó, el secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, fue el primero en escuchar las reivindicaciones del sector, tras lo cual en la primera semana de julio presentó una proposición no de ley en las Cortes por la cual los feriantes habrían de recibir de la Junta una inseminación suficiente del 14 de marzo al reinicio de la actividad con normalidad, en abril del año que viene, por valor al menos del SMI. En ella también reclamaba a la Junta que arbitrase los fondos suficientes y necesarios para llevar a cabo compensaciones de los gastos ocasionados, que en toda la pretemporada habían acometido para la preparación de sus carruseles y espacios y atracciones, con cuantiosas cantidades económicas, y que arbitrara negociaciones con las entidades financieras para que, ante el cese de actividad, paralizaran las obligaciones de los profesionales ante los préstamos y productos financieros contraídos.
“Su actividad no fue prohibida, pero sí imposibilitada con medidas de todo tipo, y hoy estamos ante el que hubiera sido el final de temporada. Junto a las orquestas, son dos colectivos que por su número de integrantes pueden parecer residuales, pero que sufren la indiferencia y falta de sensibilidad de un Gobierno que no ha atendido a quienes son su responsabilidad, y no les ha defendido como al resto”, atacó antes de estimar en menos de 2 millones de euros la partida necesaria para “que este colectivo de profesionales pueda aguantar esta situación de coyuntura, y presentarse ante la nueva temporada”.
“Es un sector nutrido de familias que llegan hasta la cuarta generación en muchas casos, sin reconversión posible, y que brindan un servicio inseparable de la tradición de nuestras gentes: la feria y la fiesta”, apuntó antes de asegurar que “con un poco de sensibilidad esta situación podría estar resuelta”.