Una vez fijado este criterio ya se centró Rodríguez Guerra en el caso de la guerra civil española para recordar que «las nuevas autoridades sublevadas instauraron un sistema represivo orientado a eliminación de cualquier posición contraria a los principios del Movimiento Nacional. Esta represión era física (represión extrajudicial, juicios sumarísimos, torturas, malas condiciones del ámbito penitenciario, etc.), laboral (depuraciones), moral (censura, imposición del catolicismo), sexuada y económica (multas, incautación de bienes, suscripciones patrióticas, etc.). Todas estas modalidades, combinadas entre sí, pretendían aislar a las personas contrarias al nuevo régimen que, una vez privadas de su vida o su libertad, se veían aisladas social y económicamente».
Como se ha visto en otras ponencias el volumen de quienes debieron abandonar el país es realmente elevado y, recordó la ponente, «por cuestiones obvias, aquellas personas que habían logrado salir al exilio no pudieron ser objeto de buena parte de las acciones represivas desarrolladas por el régimen. Sin embargo, no pudieron evitar la represión económica. En estos casos, las víctimas únicamente salían de España con lo mínimo indispensable, dejando buena parte de sus propiedades atrás (fundamentalmente, viviendas y negocios)».
Ante esta situación son precisamente estos bienes inmuebles los que se convierten en objeto de atención de las autoridades sublevadas, «que ven en ellos una forma de represaliar a los desafectos, pero también un medio para conseguir los recursos económicos necesarios para, en primer lugar, poder mantener el esfuerzo bélico; y, una vez terminada la contienda, para la construcción del Estado franquista». Explicó Rodríguez Guerra que por ello «la represión económica se convirtió en la práctica más adecuada para sancionar a los exiliados o a aquellas personas que habían abandonado sus lugares de residencia habituales para buscar espacios más seguros. De entre todas las prácticas que pueden englobarse en el concepto de ‘represión económica’, las incautaciones de bienes fueron las más recurrentes y las más efectivas».En la misma jornada presentó una ponencia otra habitual de los cursos, Susana Sueiro, que analizó en el marco de la presencia de obreros españoles en Estados Unidos cómo «las imágenes positivas que asociaban ese país a la libertad, el progreso, la modernidad y la república modelo, se fueron erosionando para dar lugar a cuadros mucho más críticos, desencantados, e incluso irónicos, como los que trazaron las publicaciones anarquistas de los inmigrantes. Ese desengaño, cuyas causas son fundamentalmente la discriminación y las duras condiciones de vida y trabajo a las que hubieron de enfrentarse, fue precisamente el caldo de cultivo que llevó a muchos a abrazar una militancia radical anarquista». Otro factor fue «el abandono por parte de las élites dirigentes de EEUU, y en general de la sociedad blanca, incluidas las organizaciones sindicales, del paradigma inmigratorio abierto para abrazar el paradigma del inmigrante como enemigo interno».