Cuatro fueron los diputados que, incluso saltándose la disciplina de partido prefirieron decir 'no' al carbón y a la reindustrialización de las cuencas: Isidro Manuel Martínez Oblanca (Foro Asturias), Marta Sibina Camps (En Comú Podem), Jaime Miguel Mateu Istúriz y Juan Manuel Juncal Rodríguez (ambos del PP).
Entre los diputados leoneses, los 'populares' Eduardo Fernández y María del Carmen González y la representante de Podemos por la provincia, Ana Marcello, no se apartaron de la disciplina de partido y acataron la abstención. No fue un 'no', pero tampoco un 'sí'.
La encargada de defender el decreto en nombre del Gobierno fue la propia ministra para Transición Ecológica, Teresa Ribera, que en su intervención defendió la urgencia del Real decreto con el argumento de que al terminar 2018 expiraba también “el tiempo máximo en el que la Unión Europea nos permitía subvencionar el carbón nacional” no competitivo, como quedó establecido en la decisión de 2010.
“En cada una de las medidas que se adoptan en esta norma concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad” que justifican el Real Decreto Ley “dado que todas ellas debían ser adoptadas antes del 31 de diciembre de 2018 si queríamos que pudieran ser efectivas y no dejar a ninguno de los afectados atrás”, aseguró al respecto.
Eso ha permitido, dijo, que se hayan podido llevar a cabo los expedientes de regulación de empleo; que los trabajadores vayan a poder acceder a prejubilaciones o bajas incentivadas; que los trabajadores excedentarios, incluidos los de la subcontratas, pueden acceder a trabajos en restauración; que las empresas pueden recibir ayudas para esos trabajos de restauración, y que los municipios mineros puedan presentar proyectos en los próximos meses para la concesión de ayudas financieras.
Por eso, explicó la ministra, el Gobierno promovió “contrarreloj” el 'Acuerdo marco para la transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027', que fue suscrito el pasado 24 de octubre entre el Ministerio, UGT, CCOO, USÓ y la patronal Carbunión. “Estamos ante un colectivo y unas comarcas prioritarias desde el punto de vista de la transición justa; comarcas y vecinos que necesitan el apoyo solidario del conjunto de la sociedad”, afirmó Ribera.
Las bases para la transición justa y la sostenibilidad de las comarcas, argumentó Ribera, pasan por la ejecución efectiva de las ayudas pendientes destinadas a los municipios mineros par el periodo 2013-2018. Con ese objetivo se han agilizado ayudas a pequeños emprendedores, proyectos empresariales y ayudas a municipios para infraestructuras que supondrán más de 130 millones de euros en las comarcas mineras. Además, relató, el acuerdo incluye 250 millones en ayudas a la reactivación de las comarcas mineras en el periodo 2019-2023 a través del “apoyo a empresas y nuevos emprendimientos”.
A su juicio, el mayor desafío era trabajar “contrarreloj” para que en la “fecha límite” del 31 de diciembre pasado las empresas mineras pudieran optar a “ayudas que cubrieran los costes de reducción de su todavía voluminosa plantilla“, tal y como establece el artículo cuatro de la decisión de 2010 de la UE. A la vez, explicó, había que garantizar que las plantillas excendentes de la minería del carbón pudieran acceder a las prestaciones sociales “o al menos al derecho a una prestación Contributiva por desempleo por el máximo tiempo legal como un modo de paliar la repercusión del cierre en las comarcas afectadas”.
En paralelo, continuó, el Plan buscó una salida para los trabajadores que no pudieran acogerse a la prejubilación o a los de la subcontratas cuyas empresas no estaban dentro del plan de cierre. Para ellos, explicó, el gobierno ha creado una “bolsa de trabajo” que pretende impulsar “con el máximo empeño salidas laborales para todos“.
En todo caso, dijo, el compromiso del gobierno con las comarcas afectadas va “más allá”. El real decreto es “un primer paso, añadió antes de comprometerse a seguir implementando medidas para todos los afectados “incluyendo las subcontratas”. Así, aseguró al respecto, el ministerio está trabajando ya en “un plan urgente para las comarcas mineras que incluye un plan de restauración ambiental y social de las zonas y otro de desarrollo de energías renovables con particular atención en las zonas afectadas y que contará con la participación de los trabajadores de la subcontratas“.
Críticas de PP y Unidos Podemos
Tanto el Partido Popular como Unidos Podemos se abstuvieron en la votación, si bien no ahorraron críticas hacia el Real Decreto. Por el PP, el diputado José Alberto Herrero, recordó a la ministra que este el 27º decreto que traen la Cámara y afeó al Ejecutivo que esté gobernando mediante “decretazos para eludir a las Cortes”.A juicio del 'popular', el decreto “confirma la desaparición del carbón en España” y es una forma “fácil y sencilla “ de finiquitar el carbón en nuestro país “mediante el cierre de minas y prejubilaciones”. Además, añadió, es una “estrategia perfecta” de la ministra para “cargarse las centrales térmicas”. A su juicio eso pone en peligro la seguridad del suministro y la sostenibilidad del precio de la energía que, según pronosticó, subirá “el 15 por ciento”.
Desde Unidos Podemos, su diputada Ana Marcello, calificó el acuerdo entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal del carbón como “el pacto de las tres mentiras”. A su juicio, “no es un pacto de transición sino un punto y final al sector de la minería”. Además, tampoco es “un pacto ecológico” porque “se va a seguir quemando carbón y será carbón de importación”. Y, por último, de igual manera dijo que “no es un pacto justo” para las comarcas afectadas ni para los trabajares, “mucho menos para los de las subcontratas”.
Por su parte, Ciudadanos respaldó con sus votos el decreto pero lo hizo entre fuertes críticas también a los “27 decretazos” que han llevado ya a la Cámara. La diputada Melissa Rodríguez hizo un repaso a los diferentes planes llevados a cabo desde 1997 hasta la fecha por los gobierno del PP y del PSOE que comprometieron miles de millones, dijo, en ayudas a al reconversión si bien hoy día, denunció, ni el sector se ha reconvertido, ni hay constancia de que el dinero prometido llegara a los mineros o a las comarcas afectadas. “¿Dónde está todo ese dinero que no se ha invertido?”, preguntó.