Los abogados del turno de oficio preparan protestas por una subida insuficiente

El Ministerio de Justicia desbloqueaba hace solo unos días el pago a los abogados del turno de oficio a los que se les adeudaba cuatro meses de servicios y, acto seguido, se anunciaba una actualización de los baremos del 24 % por la asistencia jurídica gratuita. Sin embargo, aunque desde el colectivo de abogados de la provincia de León –donde hay más de 300 letrados adscritos a este turno de oficio– consideran que se trata de medidas importantes pero insuficientes. Tal y como indicaba este jueves a este periódico el decano de los abogados leoneses, Fernando Rodríguez Santocildes, «no estamos ni contentos ni satisfechos y lo que pedimos es un aumento progresivo de la remuneración hasta alcanzar un importe digno y justo». Según exponía, desde el año 96 no se había producido una actualización de los baremos generalizada y ese 24% es muy inferior a lo que correspondería solamente por la adecuación al IPC. Asimismo señala que hay actuaciones que no están pautadas, porque han sido fruto de la evolución de las leyes, que, aunque se realizan, no se les pagan, y que es algo que debería corregirse.

En este sentido, Rodríguez Santocildes, que sí quiso valorar el esfuerzo del Consejo de la Abogacía en la lucha por la actualización de los baremos, indicaba que este jueves se celebró una asamblea en León en la que se informó a los abogados del turno de oficio de la situación decidiendo convocar una protesta ante la fachada de los Juzgados de León para el próximo martes.

El pasado miércoles la ministra de Justicia, Dolores Delgado, firmó la orden ministerial que actualiza los pagos que perciben letrados y procuradores del turno de oficio, aumentado un 24 % de media las compensaciones por la asistencia jurídica gratuita. El aumento se aplicará en las comunidades autónomas que no tienen transferidas las competencias en materia de Justicia y ya fue anunciado por el anterior ministro, Rafael Catalá, días antes de que triunfara en el Congreso la moción de censura.

Según explicaba el Ministerio en un comunicado, se trata del mayor incremento realizado por una administración pública en materia de asistencia jurídica gratuita y del primer aumento en quince años.

Los módulos y bases económicas por los que se retribuyen los servicios que prestan en ese área abogados y procuradores se fijaron en un real decreto en 2003 y el objetivo de la orden ministerial es, apunta Justicia, «atemperar la depreciación económica sufrida a lo largo de los últimos años por la congelación de estos conceptos».

Se quiere también tener en cuenta, en la medida en que el Presupuesto lo permita, la mayor complejidad y dedicación que exige el derecho de defensa ante los tribunales, añade.