Llevan al Defensor del Pueblo el semáforo de Puente Villarente

Los vecinos afectados por el cierre de un carril de la N-601 en el Puente Villarente han acudido al Procurador del Común para solicitar amparo ante una acción que consideran innecesaria y que aseguran que está afectando negativamente a los negocios locales y, de forma indirecta, al desarrollo de la zona. El Procurador del Común, TomásQuintana, escuchó a la delegación integrada por varios pedáneos de las localidades afectadas –que engloban varios municipios– y les informó de que el asunto, al tratarse de una infraestructura de titularidad estatal, no está dentro de sus competencias. No obstante, según han explicado fuentes de las representación vecinal, Quintana se comprometió a hacer llegar el asunto al Defensor del Pueblo a través de su propio gabinete.

La decisión de enviar el asunto, acompañado de la documentación pertinente, al Defensor del Pueblo llega después de que en la última reunión en la Subdelegación del Gobierno, los vecinos, según explican, no lograran el compromiso de la retirada del semáforo, el objetivo que persiguen desde que se instaló el sistema de regulación del tráfico.

En la zona no se descartan nuevas movilizaciones si no se ofrecen soluciones con la retirada del semáforo  Repasando los acontecimientos, cabe recordar el pasado mes de abril se producía un accidente que provocaba el desprendimiento de parte de la valla del puente en sentido León. En un primer momento, los servicios de conservación colocaron unos bloques de cemento para hacer las veces de valla y se mantuvieron abiertos los dos carriles. Fue en el 18 de julio, coincidiendo con la apertura de la A-60 entre el propio Puente Villarente y Santas Martas, cuando se desplazaron los elementos de contención hacia el interior de la calzada impidiendo la circulación por un carril. El cierre se completó con la instalación de semáforos que interrumpen el tráfico en un sentido durante más de dos minutos.

Ante esta situación, el 28 de octubre, tuvo lugar una protesta en el puente en la que se puso de manifiesto el malestar de los usuarios habituales de la vía. Posteriormente, representantes vecinales acudieron a una reunión en la Subdelegación del Gobierno en la que se les informó de que está prevista una actuación integral para reforzar la estructura del puente con una inversión de más de un millón de euros. A la espera de esa intervención, de la que por el momento no hay pliegos de licitación redactados, el carril permanece cerrado y los vecinos insisten en el agravio que ello supone para los pueblos de la zona y de otros municipios como Gradefes, conectados por la LE-213.

En este contexto, uno de los mayores desencuentro entre los vecinos y el subdelegado del Gobierno, Faustino Sánchez, se encuentra en la justificación del cierre del carril y en las fechas en las que se colocaron los semáforos. Desde la Administración estatal insisten en que el cierre y la regulación del tráfico se realizó inmediatamente después del accidente, mientras que los vecinos recuerdan que paso un mes y medio entre el siniestro y el cierre del carril, por lo que consideran que el argumento de la seguridad no es válido o, en otro caso, que se cometió una «negligencia» si se mantuvo abierto existiendo riegos para los usuarios.

De este modo, en la zona insisten en que una intervención futura para la mejora de la estructura no tiene por que mantener cerrado el vial en sentido León y no se descartan nuevas movilizaciones si no se ofrecen soluciones.