Hacienda explicó que estos fondos van dirigidos a garantizar la cohesión económica, social y territorial dentro de la Unión Europea. A través del Feder se financian actuaciones encaminadas a “reducir las disparidades entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones de la Unión y a reducir el retraso de las zonas menos favorecidas, mediante la participación en el ajuste estructural de los territorios y la reconversión de regiones industriales en declive, incluidas, entre otras medidas, promover un desarrollo sostenible y afrontar los retos medioambientales”.
Por su parte, el FSE+ persigue el objetivo de apoyar a los Estados miembros y regiones para alcanzar elevados niveles de empleo, una protección social justa y una mano de obra capacitada y resiliente, “preparada para el mundo del trabajo”, además de unas sociedades “inclusivas y cohesionadas orientadas hacia la erradicación de la pobreza y al cumplimiento de los principios establecidos en el pilar europeo de derechos sociales”.
Esa cantidad supone un incremento del 13,2 % en relación con el periodo 2014-2020. La distribución regional de estos fondos se produce tras la aprobación definitiva de los Reglamentos que regulan los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos en el periodo 2021-2027, en los que se recogen las condiciones para la programación y ejecución de estos fondos en esos años. En total, España recibirá 36.245 millones de euros dentro del Marco Financiero Plurianual de ese periodo para la política de cohesión.
Fondos de transición justa
Además, Hacienda informó a las comunidades de las asignaciones del Fondo de Transición Justa (FTJ) para el próximo periodo, facilitadas por el Instituto para la Transición Justa, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Se trata de un nuevo instrumento financiero en el ámbito de la política de cohesión cuyo objetivo es prestar apoyo a los territorios que se enfrentan a retos socioeconómicos importantes derivados del proceso de transición a la neutralidad climática.
De acuerdo con el Semestre Europeo de la Comisión Europea en el que se incluyen las orientaciones de inversión sobre el Fondo de Transición Justa 2021-2027 por Estado miembro, en el caso de España se incluyen ocho provincias como punto de partida para la aplicación de este fondo, entre ellas León y Palencia. Las ocho se repartirán 868,7 millones de euros, de los que 197 millones corresponden a los dos territorios de la Comunidad.
La distribución de los recursos de este nuevo fondo se ha realizado en base a una metodología consistente con los criterios utilizados por las instituciones europeas en el reparto del fondo entre los Estados miembros, “tomando en consideración volumen de emisiones, empleo en minería y peso del empleo industrial”.
Criterios de distribución
La política de cohesión de la Unión Europea parte de la clasificación de los Estados miembros y sus regiones en tres categorías, en función de la respectiva prosperidad relativa, a las que aplica distinta intensidad de ayuda en función del nivel de desarrollo. Así, considera regiones menos desarrolladas aquellas que cuentan con un PIB per cápita inferior al 75 % del PIB medio de la UE, que en España son Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura, Ceuta y Melilla; las regiones Transición son la que tienen un PIB de entre el 75 y el 100 % del PIB medio de la UE, entre las que se encuentra Castilla y León, junto a Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia y La Rioja; y cierran las más desarrolladas, aquellas cuyo PIB supera el cien por cien de la media de la UE: Aragón, Cataluña, Navarra, Madrid y País Vasco.
Para 2021-2027 el importe total asignado por la Comisión Europea dentro del Objetivo de Crecimiento y Empleo para las regiones menos desarrolladas asciende a 18.100 millones de euros; para las de Transición, 12.195; y para las regiones más desarrolladas, 4.398 millones de euros.
Estas cifras suponen un incremento medio de fondos del 22,3 % para el conjunto de las menos desarrolladas, un aumento del 8,1 & para las regiones transición; y una reducción del 6,4 para las más desarrolladas, respecto a los importes que estas regiones recibieron en el periodo 2014-2020.